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Un informe del Congreso de Perú que recomienda procesar al Presidente Pedro Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia, será debatido y votado el viernes en la cámara.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, convocó a sus miembros «a fin de continuar con el debate y votar el informe final de la denuncia contra Castillo», señaló la oficina de prensa del Congreso.
El informe
El documento pide antejuicio político al Presidente como presunto autor del delito de «Traición a la Patria» y propone que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».
La recomendación debe ser votada por la subcomisión y luego debatirse por el pleno del Congreso, donde, si es aprobada, puede derivar en un pedido para separar al Presidente de su cargo.
Los dichos de Castillo
El informe, suscrito por el congresista de centroderecha Wilson Soto, se sustenta en una controversial entrevista dada por el izquierdista Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.
«Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste», respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de ser candidato y ganar las elecciones en 2021.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia«, aclaró el gobernante, pero esto no calmó las aguas.
«Sólo emitió su opinión»
El debate ocurre a 10 días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
Margot Palacios, de la alianza parlamentaria de izquierda que apoya a Castillo, indicó que las declaraciones a CNN nunca se tradujeron en «un acto de Gobierno, puesto que el Presidente solo emitió una opinión«.
El informe parlamentario, de 89 páginas, sostiene que la declaración de Castillo «vulneraría mandatos constitucionales«.
