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noviembre 4, 2022¿Qué pasó?
Los concejales Jorge Martínez (UDI), Antonia Scarella (IND-UDI) y René Lues (DC) denunciaron en la Contraloría Regional de Valparaíso a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.
Las acusaciones
Según informó El Mercurio de Valparaíso, los ediles reprochan a la líder comunal de haber ordenado enmarcar 150 fotografías suyas que fueron instaladas en diversas oficinas administrativas, desembolsando $2.465.085 a costo de la billetera municipal.
Los concejales calificaron la medida como algo «éticamente innecesario» y acusaron una «falta grave a la probidad administrativa», solicitando al ente regulador que se mande a retirar los retratos de Ripamonti.
Reprocharon que se estaría efectuando un «un uso reiterado de la imagen de la alcaldesa, sin
tener por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que el municipio otorga».
Palabras de los concejales
El concejal Lues aseveró que ha recibido «muchos comentarios de funcionarias y funcionarios municipales que se encuentran molestos por el motivo del gasto y por habérseles impuesto la instalación de los cuadros en sus oficinas, pero que tienen temor de decirlo públicamente por las represalias que pueden sufrir».
En ese sentido, opinó que «la gestión alcaldicia de Viña del Mar debe ejercerse con austeridad y rectitud, especialmente en una ciudad con tantas necesidades y un país que pasa por una fuerte crisis económica».
«Se debe administrar lealmente los recursos públicos municipales, evitando su abuso o derroche porque de eso se trata la probidad, y la alcaldesa no la ha resguardado adecuadamente. Gastarse por propia voluntad y decisión dos millones y medio de pesos para encuadrar e instalar en diversas dependencias municipales 150 fotografías individuales suyas, es un gasto éticamente innecesario y reprochable, pues nada aporta como servicio a la comunidad», añadió Lues.
Finalmente, Lues consideró la situación un «un acto de vanidad y de culto a la personalidad inaceptable en el Chile de hoy, menos si es financiado con recursos de todas y todos los viñamarinos».
En la misma línea, la concejala Antonia Scarella (IND-UDI) afirmó que los recursos usados en la fotografías salieron desde el presupuesto de mantenimiento y reparaciones del municipio.
Por ello, estimó que «independiente del monto en cuestión, es dinero que se podría haber destinado a gastos que realmente necesita el municipio, ya que cuando hablamos de gasto público, cada recurso es importante, más aún en la compleja situación financiera a la que constantemente se hace referencia por parte de la administración y en especial por parte de la alcaldesa».
«Que se utilicen recursos públicos para enmarcar fotos y publicitar la imagen de la alcaldesa sin necesidad y sin el marco legal que respalde esta acción, es una falta grave a la probidad», agregó.
«Si se les diera a elegir a los funcionarios entre tener una foto de la alcaldesa en su oficina o mejorar sus condiciones laborales respecto a su espacio de trabajo, o consultáramos a los viñamarinos entre tapar hoyos y mejorar las calles o tener fotos de la alcaldesa, creo que la respuesta sería obvia», zanjó la edil.
El tercer denunciante, el concejal Jorge Martínez (UDI), mencionó que espera que la Contraloría «pueda señalar si es que esta acción está ajustada o no a derecho, y no solamente sobre la acción misma de enmarcar las fotografías, sino sobre otras eventuales irregularidades, como apuntar este gasto al área de mantenciones y reparaciones».
Por otra parte, el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS) manifestó la importancia «de que se investigue si es que existió un mal uso de esos recursos por parte de la administración», pues «sería bueno conocer de parte de la administración cuál era la necesidad de hacer ese gasto, teniendo tantas otras necesidades de los vecinos que no se pueden atender por falta de recursos».
La respuesta de la alcaldesa
Consultada sobre el tema en el mismo medio, la alcaldesa Ripamonti manifestó que aquello se enmarcó dentro de «políticas de protocolo que se han hecho siempre en el municipio, que no las consideramos un problema, pero si es que lo hay, obedeceremos lo que diga la Contraloría».
Así, agregó que le parece «maravilloso y nos encanta que haya fiscalización, porque creemos que es parte de la democracia… todo uso de dineros públicos y toda la aplicación de política pública que se haga debe ser controlada y revisada».
