La ministra Marcela Ríos fue citada por la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de Resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia pero no entregó respuestas concretas a las dudas planteadas por parlamentarios. La molestia crece incluso en el oficialismo, porque hasta hoy tampoco ha dado respuestas por escrito a las interrogantes planteadas por oficio. Se prevé que el próximo lunes y martes serán complicados para ella, pues nuevamente deberá comparecer a dos comisiones investigadoras.

Contexto general. Las últimas semanas no han sido fáciles para la ministra de Justicia, Marcela Ríos. El incidente provocado el 18 de septiembre pasado en el Centro de Educación y Trabajo de Cañete por Víctor Llanquileo Pilquiman -condenado a 21 años de cárcel porte ilegal de arma de fuego, porte de munición y robo con violencia- amenazan con elevar la situación a una solicitud de renuncia por parte de parlamentarios del oficialismo y una acusación constitucional de la oposición.

• La acusación sería presentada por los diputados Diego Shalper y Andrés Longton.
• Llanquileo fue sorprendido en estado de ebriedad en el recinto penitenciario y amenazó de muerte el jefe operativo del lugar, el sargento 1º Wilson Moya.

El traslado de Llanquileo se considera irregular Uno de los puntos que es considerado grave por los parlamentarios de la comisión especial  investigadora es el traslado de Llanquileo desde Angol a Ceñete.

• Hay varias interrogantes: ¿Qué justifica que un condenado de alta peligrosidad sea reubicado en un centro semicerrado? ¿Por qué se accede a otorgarle este beneficio cuando un condenado por esos delitos recién tiene derecho a solicitarlo una vez cumplido 5 años de condena (Llanquileo los cumple en noviembre de 2023)?
• La ministra ríos no respondió a ninguna de esas dudas el 13 de septiembre pasado, cuando fue citada a la sesión de la comisión. No concurrió en forma presencial; se conectó vía telemática aduciendo “tope de agendas”, lo que tampoco agradó a los parlamentarios.
• Los diputados de distintas bancadas hicieron preguntas relacionadas con lo que está ocurriendo con los comuneros mapuches condenados por diversos delitos. Hay sospechas que están recibiendo trato especial supuestamente por disposición del Gobierno.
• Hay fuertes indicios de que existe molestia al interior de Gendarmería por estas decisiones porque, a pesar de ser tomadas por el Consejo Técnico de la institución, habría presiones para obrar en tal sentido.
• En la sesión del martes 13 de septiembre, el diputado Jaime Araya (independiente PPD) dejó entrever lo que está ocurriendo al preguntarle a la ministra cómo se tomó la decisión, que aparece como “incoherente”, según le dijo: “Planteo esta situación en el contexto de esta comisión especial investigadora, que tiene que ver con los actos de gobierno, porque en mi región hay gendarmes que me han expresado la inquietud de que esto se está conociendo rápidamente en las cárceles de la zona, respecto de cómo habría funcionado la situación de Angol, y temen que se pueda replicar”.
• La diputada Flor Weisse (UDI) también le consultó por lo irregular del proceso “(Víctor Llanquileo) debería pasar cinco años del cumplimiento de su condena para acceder a un cambio de recinto penitenciario, plazo que se cumplía en noviembre de 2023”. Y luego agregó “porque si el protocolo de Gendarmería no lo permite, tiene que haber habido alguna autorización especial del gobierno. En este caso del ministerio, es decir, de la ministra”.
• Y el diputado Diego Shalper (RN le pidió explicar “cuál es el rol que desempeña el señor Juan Pablo Ciudad, asesor de su gabinete y que visita condenados mapuches que ejercen huelgas de hambre y otras medidas de presión en cárceles del Biobío y de La Araucanía, qué rol juega y si actúa por mandato suyo o no”.

Sin respuestas de fondo. La ministra Ríos hizo ver que ya había respondido preguntas sobre los condenados mapuches: “Quiero también informar a las diputadas y a los diputados que hay una comisión investigadora paralela a esta, presidida por el diputado Leonardo Soto, que está analizando específicamente el tema de traslados de presos mapuches. Esa es una comisión que lleva funcionando más de un mes”. Y añadió que ha concurrido en tres oportunidades.

• El que dio explicaciones fue el abogado Ciudad, a quien apuntan como negociador del Gobierno con los presos mapuches. Pero, descartó que fuera su asesor. “El abogado Juan Pablo Ciudad no es asesor de esta ministra, sino del subsecretario de Justicia. Como hemos manifestado en las distintas comisiones, el subsecretario de Justicia es el jefe de servicio de Gendarmería””.
• Respecto del rol del asesor, señaló “el señor Juan Pablo Ciudad tiene bajo su responsabilidad la interconexión con Gendarmería de Chile y, por lo tanto, se reúne con distintas personas privadas de libertad y visita todos los centros penitenciarios del país”.
• Juan Pablo Ciudad Pérez es abogado especialista en temas constitucionales y antidiscriminacion, profesor de la USACH. Militante del Partido Comunista, la página Fuerza Cultural lo describe como “activista y dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género MUMS Chile y dirigente nacional de Unidad Social. Es músico y cantautor Además, ha desarrollado un trabajo ambiental en la defenda de los recursos hídricos. Tiene como enfoque el trabajo territorial y la defensa de los grupos históricamente invisibilizados y excluidos”.
• En 2021 fue candidato a diputado en la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 8, de la Región Metopolitana, que incluye a las comunas Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Estación Central, Maipú. Obtuvo 6.778 votos, equivalente a, 1,44% de los sufragios emitidos.

Molestia.La molestia con la ministra fue tal, que la Comisión Especial Investigadora decidió pedir las respuestas que ella no dio a los diputados a través de un oficio, el que fue remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el mismo día 13 (Nº113). Sin embargo, hasta hoy no han contestado el documento.

• Lo ocurrido, según algunos parlamentarios consultados, es grave. No hay claridad por qué Gendarmería saltó el reglamento interno para autorizar el traslado de Llanquileo y esa es la explicación que debe dar a la Cámara la ministra Marcela Ríos.
• Los diputados del oficialismo saben que la oposición prepara una acusación constitucional contra ella. “Y la verdad, es que no tenemos como defenderla”, dicen. Otro grupo de parlamentarios oficialistas sugiere que la ministra de Justicia renuncie al cargo antes de que sea acusada. “Es mejor evitar este proceso, que no va a terminar bien”, advierten.