El fiscal (s) Richard Urra Blanco informó que en prisión preventiva quedó un hombre de 62 años y su pareja de 48 años, quienes fueron formalizados por los delitos de violación impropia y promoción a la prostitución infantil, y él, además, por producción y almacenamiento de pornografía infantil.

La víctima es la hija de la imputada, quien la ponía a disposición del hombre, a cambio de ayuda económica.

En la formalización, realizada este mediodía ante el Juzgado de Garantía de Chillán, el fiscal expuso que la violación ocurrió en el domicilio del imputado, en la capital de Ñuble, antes de enero de 2017, cuando la niña tenía 13 años.

“Los hechos eran cometidos por el imputado con conocimiento de la madre de la víctima, quien previamente concertada con él, y por tener a la niña bajo su cuidado, permitía y facilitaba la consumación del acceso carnal, procurando la ocasión para ello”, expuso el fiscal (s) Richard Urra durante la audiencia de formalización.

A la imputada, además, se le formalizaron cargos por otro delito de violación contra su hija, pues realizó la misma conducta delictiva descrita anteriormente con un segundo sujeto, hasta ahora desconocido y en cuya identificación trabaja, por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

Las diligencias investigativas llevaron a la Fiscalía de Chillán a solicitar al tribunal una orden de entrada, registro e incautación en el inmueble del imputado, y tras la revisión de dispositivos electrónicos de su propiedad, los detectives hallaron diversos archivos con contenido sexual penado por la ley.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, subprefecto Romy Lara Rubilar, expresó que “esta investigación es de larga data, iniciada en 2020, en la que se han revisado diversos antecedentes, inclusive una denuncia de agosto de este año, respecto del delito de almacenamiento de pornografía infantil”.

Acotó que “con la formalización de la indagatoria, se continúan con las pesquisas, las que son apoyadas por peritos del Laboratorio de Criminalística, con el objetivo de determinar la existencia de otras víctimas, como también la participación e individualización de otros imputados”.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación.