¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que la discusión en torno a los indultos presidenciales se volvió «estrictamente jurídica» tras las medidas tomadas por la oposición en Contraloría y en el Tribunal Constitucional, aseverando que se mantendrá en ese plano «durante algunas semanas».

Recordemos que el abogado asumió la cartera en reemplazo de Marcela Ríos, quien renunció en medio de las críticas suscitadas por los 13 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric, 12 a condenados por delitos ocurridos en el estallido social y uno al exfrentista Jorge Mateluna.

¿Qué dijo el ministro de Justicia? 

El recién asumido ministro mencionó que «existen tres solicitudes de dictamen a Contraloría, la que ha solicitado el informe del Ministerio. Es en ese informe donde está la explicación procedimental y las cuestiones procedimentales, desde el punto de vista jurídico, al ejercicio de la potestad de indulto».

A ello sumó que «la oposición ha anunciado dos requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos. En consecuencia, y yo creo que es relevante, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y -en mi opinión- en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas«.

«Logro entender la inquietud política. Pero desde el punto de vista técnico, las tres solicitudes de dictámenes de Contraloría y los dos anunciados requerimientos (al TC) llevan a que la discusión de indultos quede trabada como una discusión estrictamente jurídica«, recalcó.

De esta manera, subrayó que desde el punto de vista jurídico, la discusión «se va a resolver en la próxima semana o en los próximos meses, dependiendo del instrumento que se termine haciendo. Mientras esté en ese espacio, ese va a ser el espacio en que el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia va a informar y va a evaluar».

Responsabilidades administrativas

Ante las «desprolijidades» mencionadas por Boric, Cordero aclaró que el Mandatario «ha precisado a lo que se refiere, y es una afirmación vinculada a cuestiones políticas. Eso tuvo consecuencias, una de esas es que ustedes me tienen acá».

Respecto a responsabilidades administrativas, el titular de Justicia indicó que también «son resultado de consecuencias jurídicas. Y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, mientras se plantee en esos ámbitos, no por el Ejecutivo, sino por la oposición, en ese espacio se mantendrá».

De todas formas, explicó que «las responsabilidades disciplinarias son algo que, por ahora, no forman parte de la discusión. Fundamentalmente, porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional».

«En el sistema institucional chileno, un acto administrativo, legalmente emitido, que ha producido sus efectos -esto lo dice la ley- tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho», sentenció al respecto.