La ministra del Interior, Izkia Siches, reveló que el Ministerio Público estaba «dubitativo» sobre presentar una ampliación de la querella contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y que por ello fue el Gobierno quien «actuó para poder liberar ese camino«.
En conversación en el programa Estado Nacional, la secretaria de Estado señaló que, tras los hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur, aclaró que «para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpación, no habrá impunidad».
A ello, agregó que «vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y, obviamente, hacer que la fuerza del Estado se haga presente» y que si estos hechos se materializan «hay que desalojar«.
Sobre las polémica declaraciones de Llaitul respecto al llamado al sabotaje hacia maquinarias e insumos, indicó que «no hay ideas, aquí hay amenazas y además adjudicación de hechos constitutivos de delito».
Es por ese motivo que, Siches aseveró que «desde el primer momento interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos», respecto a que Llaitul, de acuerdo a la querella presentada, «incita y promueve el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas como una forma de reaccionar a aquello que, en sus palabras, admitiría ser descrito como ‘usurpación territorial’«.
En relación a lo mismo, es que criticó el rol del Ministerio Público y aseguró que hubo dudas respecto a la ampliación de la querella contra el líder mapuche. Además, aseveró que ya existían querellas anteriores.
«Desde el inicio vimos que existían una serie de querellas, porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo, que estaban vigentes y, a nuestro juicio, el Ministerio Público podía actuar, pero con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delito, y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino», señaló la titular del Interior.
Asimismo, la ministra profundizó en el tema y aseguró que fue una «buena decisión» la aplicación de la querella, ya que «necesitábamos mostrar claridad».
«Definimos que existían una serie de querellas por Ley de Seguridad del Estado abiertas que eran para hechos pasados y también futuros que eran un instrumento que el Ministerio Público podía tomar, y en este caso, al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliarla y creo que fue una buena decisión«, valoró.
A ello, añade que el «Ministerio Público señalaba que no tenía las herramientas, teníamos interpretaciones distintas, pero más que pelear entre el MP y el Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y es lo que hizo el Gobierno«.
Respecto a las amenazas que recibieron Carabineros por la banda criminal proveniente de Venezuela, el «Tren de Aragua«, enfatizó en el trabajo que realizarán autoridades de Gobierno en el norte para frenar esta ola de delitos en el norte.
Sobre ello, recalcó que existe una vinculación entre la inmigración ilegal que ha aumentado en el último tiempo y el crimen organizado de parte de otros países.
«Tiene una correlación importante en el contexto de trata de personas. Nos parece importante enfrentarlo, como también fortalecer las capacidades fiscalizadoras«, anunció.
Es por ello que señaló la importancia de regular la migración y no permitir el «paso de bandas por pasos no habilitados» y añadió que hay un trabajo en conjunto con las autoridades de Perú y Bolivia.