El aumento de la delincuencia en Chile es un problema latente. A comienzos de diciembre, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), Francisco Barbosa, expuso que dos bandas criminales colombianas se instalaron en el país, además de las ya presentes.
El referente colombiano, en una entrevista con El Mercurio, aseguró que dos grupos de dicho país estarían operando en Chile. En concreto, se trata de Los Chotas y Los Espartanos.
Estas bandas criminales se sumarían al Tren de Aragua, una banda venezolana con redes en toda la región de Sudamérica.
Al respecto, Barbosa aseguró que nuestro país “está viviendo fenómenos criminales importantes”.
Si bien el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo no tener antecedente alguno de la instalación de esas bandas colombianas, sí es cierto que, a nivel ciudadano, la sensación de aumento de la delincuencia está instalada.
El propio Gobierno del presidente Gabriel Boric ha reconocido la situación. Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, coordinó un Acuerdo Nacional de Seguridad.
En dicha instancia, se reunió con los partidos políticos para abordar el fenómeno y enfrentarlo con propuestas generales o modificaciones legislativas específicas. La idea es presentar los primeros lineamientos a comienzos de 2023.
Según señaló Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la consultora Qualiz, al medio DW, “el problema de la seguridad ciudadana no puede resolverse sin un esfuerzo conjunto de todo el espectro político”.
“Si bien no hay un incremento desatado de la delincuencia, sí hay presencia de crimen organizado y delitos con mayor violencia producto de la inmigración venezolana”, aseguró el académico.
Para él, este problema amenaza la convivencia democrática, porque se abre la tentación “de hacer un uso electoral de este tema, y con ello proponer fórmulas similares a las de Nayib Bukele en El Salvador”.
“Con los datos que tenemos, pareciera haber una transformación de cierto tipo de delincuencia”, explicó Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
El experto recalcó que Chile ha tenido históricamente tasas de criminalidad bajas, más cercanas a las europeas que a las del resto de América. Y si bien ha habido un incremento en el número de homicidios, éste es leve y se concentra en el Norte Grande y Santiago.
“Lo que sí ha cambiado es la comisión de los homicidios. Antes, el 60% se cometían con arma blanca, y hoy las armas de fuego superan el 50%”, relata.
También, está demostrada la participación de extranjeros en delitos más violentos, lo que supone un desafío a una institucionalidad acostumbrada a otro tipo de crímenes.
Asimismo, el académico añadió que, de los análisis realizados por la Fiscalía, se reveló que más que crimen organizado, lo que hay son bandas mejor organizadas, y “eso es diferente”.
“La porosidad de las fronteras y la irresponsabilidad de políticas, como la llamada ‘visa de responsabilidad democrática’, creó el caldo de cultivo para que bandas cuyo principal giro es el tráfico de personas y la extorsión se hayan instalado en Chile”, detalló Correa.
Además, destacó que la gran mayoría de los inmigrantes son personas que buscan trabajar y sostener a sus familias. “De hecho, ellos son las principales víctimas del actuar de bandas organizadas”, sostiene.
Por otro lado, González explica que el delito tiene dos dimensiones: una real y otra subjetiva.
Específicamente, “Chile ha vivido una paradoja muy curiosa, y esto lo dicen también investigadores extranjeros: teniendo bajas tasas de delitos, tiene una alta tasa de miedo al delito. Eso tiene explicaciones sociológicas”, dice el académico.
Respecto al Acuerdo Nacional de Seguridad, estima que sería importante actualizar algunas leyes y que, en un escenario ideal, se aborden mejoras a la institucionalidad. “Chile no está en el peor de los escenarios, pero probablemente tampoco es el país de hace unos años”, reflexiona.
Por su parte, Correa dijo que la izquierda debería dejar de lado sus complejos respecto al combate del delito, y la derecha, renunciar a un uso populista del tema.
En tanto, propone modificar la ley migratoria para impedir el ingreso de bandas organizadas, combatir el tráfico de personas e imponer una política clara sobre el rol de las fuerzas de seguridad y las reglas para el uso legítimo de la fuerza.
Lo anterior, porque “una de las consecuencias del estallido social de 2019 fue el daño reputacional a las policías, que actúan ahora quizás con demasiada cautela”.