El Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) condenó la agresión sufrida por una funcionaria del Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) Ñuble a la salida de su jornada laboral.
La institución informó la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Chillán, en contra de dos personas por el delito de amenazas.
El Director (s) del SSÑ, Christián Alarcón Cumplido, rechazó este hecho de violencia ocurrido en el exterior de establecimiento, repudiando la agresión y la situación a la que se vio expuesta una trabajadora de nuestra red.
“Condenamos tajantemente este tipo de hechos, se trata de una situación totalmente inaceptable. Lamentamos la compleja situación a la que se vio expuesta ella y también el equipo del COSAM. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia que se agreda a quienes se encuentran desarrollando labores que buscan resguardar la salud de las personas y por ello, estamos presentando hoy esta querella que busca sancionar a quienes agredieron a una de nuestras profesionales”.
A su vez, el directivo hizo un llamado a la comunidad a “condenar estos actos y a colaborar en generar un clima de respeto entre todos y todas, nada justifica la violencia y especialmente hacia los equipos de salud que día a día laboran para cuidar a las familias de Ñuble”.
Respecto de las acciones que se están tomando, el profesional explicó que “la institución cuenta con un Protocolo ante hechos de Violencia Externa, el cual, norma las acciones a seguir ante situaciones como esta, que esperamos no ocurran”.
“Estamos trabajando en distintas líneas de acción, mejorando nuestros protocolos y medidas de seguridad, pero también, fortaleciendo la coordinación con Carabineros de Chile para mejorar la seguridad de los recintos de salud, especialmente, de aquellos que tienen mayor riesgo de que este tipo de situaciones sucedan”, añadió Alarcón.
Desde el año 2019, existe una ley que endurece las sanciones contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos de salud, entregando a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.
Dicho cuerpo legal, faculta a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando el acceso a defensa jurídica para quienes sean víctimas de agresiones en su trabajo.