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octubre 11, 2022MARTES 11, OCTUBRE 2022 20:09 HRSEste martes además, la fiscalía allanó la casa de una hermana del mandatario Pedro Castillo, cuya familia también es investigada.
La Fiscal de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal en un documento entregado al Congreso, anunció el Ministerio Público.
«Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder», señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario izquierdista dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto acusada de formar parte de dicha red.
Además de la cuñada también está preso José Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la región norteña de Cajamarca, de donde es oriunda la familia del mandatario.
Según la fiscalía, la cuñada y el alcalde estaban coludidos para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.
La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David Paredes, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país durante tres años.
El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
La Fiscalía abrió seis pesquisas contra el mandatario, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
En sus 15 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, debido a sus fueros.
