Ex director de Junaeb dice que el año pasado la institución pagó $3.500 millones por 30 colaciones

El director del servicio durante el segundo gobierno de Bachelet, Cristóbal Acevedo, llegó este jueves a la comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila y entregó dicha información que, según su relato, «personalmente pude chequear su veracidad».

La próxima semana se votará en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Dicha acción de la oposición contra Ávila está dividida en siete capítulos y hay dos que le atañen a la Junaeb. En dicho contexto, este jueves llegó hasta la comisión que revisa el libelo el ex director durante el segundo gobierno de Bachelet, Cristóbal Acevedo, y entregó una preocupante información.

Según el relato de Acevedo, el año pasado la Junaeb adjudicó $3.500 millones de pesos por raciones de alimentos a una empresa. El pack incluía fruta, alimento y un snack, pero sólo se entregaron 30 raciones. Si se hace el cálculo matemático, el Estado terminó pagando unos $117 millones por cada ración.

A la salida de la comisión, Acevedo se cuestionó que «lo más preocupante es un pago de 3.500 millones de pesos frente a un servicio que se entregaron 30 raciones. Pareciera ser bastante desproporcionado, por una pequeña cantidad, tal volúmenes de recursos».

«No tengo otro interés que transmitir información que recibí y que personalmente pude chequear su veracidad», complementó Acevedo.

Con todo, existe un debate sobre si estos antecedentes pueden ser juzgados en la acusación constitucional, ya que la Cámara sólo puede ceñirse al libelo presentado y por otra parte, hay dudas sobre a quién le corresponde la supervigilancia de la Junaeb.

El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), señaló que «quien tiene la responsabilidad del servicio y de Junaeb es la subsecretaria y no el ministro. Por lo tanto, aquí no hay ninguna relación directa».

Por otra parte, el RN Diego Schalper manigestó que «estamos en presencia de algo tremendamente grave. Que se drenen 3.500 millones de pesos por un cambio en la manera en que se interpretan los contratos, a mí francamente me cuesta entenderlo».