Desde la familia de Antonia, en tanto, una de las querellantes, lamentaron que no se otorgaran los 41 años de prisión que pedía el Ministerio Público.

La Fiscalía Regional de La Araucanía valoró el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que decretó la pena de 20 años de cárcel para Martín Pradenas, por los delitos reiterados de violación y abuso sexual.

El fiscal Miguel Rojas, que había solicitado 41 años de cárcel para Pradenas, explicó que el tribunal aplicó una pena única por los delitos que ellos acusaban.

“En cuanto a la pena, se trata de una pena ejemplificadora, se trata de la tercera mayor pena de nuestra legislación y que, entendemos, está acorde de acuerdo a la vulneración de bienes jurídicos que se acreditaron a lo largo de las jornadas de juicio”, valoró.

“Lo que más valoramos de este fallo dice relación con el efecto que esta sentencia puede generar en las víctimas, y, particularmente, en el proceso reparatorio que este traumático hecho que sufrieron en manos del acusado, generó en la vida de cada una de ellas”, añadió.

Desde la familia de Antonia, la joven que se quitó la vida tras haber sido víctima de violación por parte de Pradenas, lamentaron la pena de 21 años de cárcel y dijeron estar “decepcionados de la justicia”.

«Estoy decepcionada de la justicia, Si se pidieron 41 años, debieron haberse cumplido los 41 años. No es justo, no es justo para una mamá que ha perdido a su hija, ni para las otras demás víctimas tampoco es justo. No somos un pack, son personas, y debieron haberlo condenado por cada una de las personas», sostuvo Marcela Parra, madre de Antonia.

La fiscalía en cambio, valoró que se hayan acreditado “cada uno de los hechos por lo que se presentó acusaciones”. “Se ha establecido que las denuncias que realizaron en contra del acusado, ocurrieron de la manera que ellas mismas señalaron”, celebraron.

Pradenas fue condenado por siete delitos sexuales y deberá cumplir 20 años en prisión. A esto se le sumó la prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las víctimas, así como la prohibición de aproximarse a estas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años.