Diferencias hay entre los concejales de Chiguayante sobre el conflicto que enfrenta al alcalde Antonio Rivas con el esposo de la edil Ximena Bravo, quien denunció como impago un millonario préstamo para la campaña del 2016.
Mientras la concejala Mayerlin Suárez cree que el caso debe ser investigado, el edil Aldo Aravena estima que pasó el tiempo para una indagatoria.
En lo que sí coincidieron las autoridades comunales es en el desconocimiento que tenían sobre lo que denuncia Héctor Acosta, cónyuge de la hoy concejala Ximena Bravo, en cuanto a 26 millones de pesos que entre 2016 y 2017 habría entregado al alcalde de Chiguayante a modo de préstamo.
Algunos antecedentes habían surgido en las reuniones de Concejo, a partir de lo señalado por el concejal Luis Río, acusando éste el préstamo de Acosta a Antonio Rivas para lograr, supuestamente a cambio, la contratación de su esposa Ximena Bravo el 2020 como jefa de Desarrollo Económico Local.
Y así lo admitió la edil Mayerlín Suárez, expresando que por haber platas fiscales y además la posible entrega de dineros para una campaña política, debía investigarse por el Servel y también por la Contraloría.
Esa opinión, sin embargo, no fue compartida por el edil Aldo Aravena, quien es miembro del Concejo desde 2016, pero señalando que nunca se conoció el préstamo que ahora reveló el empresa Héctor Acosta.
Si bien es algo grave lo que se denuncia, Aravena cree que el tiempo de investigar ya pasó.
Hasta ahora, ni la concejala Bravo ni el alcalde Rivas se han pronunciado sobre el conflicto, aunque conociéndose que el jefe comunal descartó categóricamente en un juzgado civil la existencia del préstamo y menos la deuda que Héctor Acosta reclama.