la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que promueve un pacto fiscal “por el desarrollo y la justicia social” .
El texto ingresó el 7 de julio de este año a la Cámara Baja considerando una estimación de mayor recaudación neta de un 2,8% del PIB, en cuatro años. La iniciativa se complementa con otras en trámite (royalty a la gran minería) o en perspectiva de ingreso (impuestos correctivos). En conjunto, promueven mayores dineros para el Estado por un 3,6% neto del PIB (bajaría con aplicación de algunas indicaciones).
Si bien la iniciativa dio un importante paso y se inició el período para presentar indicaciones (se retomará la discusión en particular el 11 de octubre); no cayó bien en el Gobierno y específicamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el hecho que la derecha en pleno rechazara el proyecto.
Al respecto, el diputado por Ñuble e integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), sostuvo que “la verdad es que nosotros quedamos bastante decepcionados, porque el Gobierno no presentó las indicaciones suficientes para hacer que el proyecto se aprobara en general. Esta es una reforma que básicamente es recaudatoria, que no tiene ningún incentivo a la inversión ni a la generación de nuevos puestos de trabajo, que es la gran preocupación que tiene hoy el país, considerando la recesión que viene para el próximo año y que ya estamos viviendo”.
El legislador planteó que “el Gobierno se va a enfrentar a una discusión bastante dura, sobre todo en el Senado. Debe agregar elementos que beneficien a la pequeña empresa, no puede ser que este proyecto termine con beneficios tributarios que tenía la pequeña empresa; que aumente impuestos del 10% al 25% a partir del 1º de enero; que se termine de utilizar la depreciación acelerada; que se terminen de utilizar las pérdidas tributarias para poder descontar impuestos; en fin, una serie de situaciones que va a complejizar el sistema tributario, terminaremos con cuatro sistemas tributarios en Chile. También llama la atención que pareciera que el Gobierno prefiere que lleguen inversores extranjeros a los inversores nacionales, porque se hace una diferencia muy grande que desmotiva la inversión nacional”, aseveró.
Sauerbaum precisó eso sí que “si bien dimos una señal rechazando, durante la tramitación, que será de por lo menos dos meses, vamos a poder hacer mejoras a través de indicaciones. Ojalá el Gobierno flexibilice su postura”, sostuvo.
Desde la UDI, el diputado Cristóbal Martínez recalcó que hay que tomar en cuenta el momento económico del país: “Si vamos a aumentar los impuestos a la clase media o a la minería, obviamente esta última es el principal ingreso que tiene el Estado, y dejaría de ser competitiva versus otros países que tienen menos impuestos. Son varios los aspectos a evaluar, la derecha nunca está cerrada al diálogo, si se votó en contra fue porque no se consideraron ciertas indicaciones en la comisión. Además, el gobierno tiene mayoría en la Cámara”, aseveró.
Su par de la UDI, Marta Bravo, agregó que “a lo largo de la tramitación, nuestra bancada le hizo ver al ministro las aprensiones que existían respecto de la reforma, sobre todo en torno a avanzar a un ritmo más moderado, y cuando recién superáramos los efectos de la pandemia. Lamentablemente, no recogieron ninguna de esas propuestas”, dijo.
El diputado ind.-DC, Felipe Camaño, en tanto, sostuvo que “el Gobierno se encuentra abierto al diálogo en esta materia, lo que establece un piso mínimo para buscar consensos. Creo que todos estamos de acuerdo en lograr un reforma tributaria responsable, que fomente la reactivación y que priorice la cobertura de beneficios y derechos sociales. Al rechazar la idea de legislar, se da un portazo a cualquier intención de iniciar una conversación. Afortunadamente se aprobó la idea de legislar, habilitando el período para presentar las indicaciones parlamentaria