Según una denuncia realizada por el sitio El Zorro Nortino, en la Fundación Social y Cultural Madero, además, trabaja un exdirector de Finanzas del municipio de Copiapó que fue condenado en primera instancia por desvío de fondos.
Una denuncia realizada por el sitio regional El Zorro Nortino reveló nuevas aristas relacionadas con el financiamiento presuntamente irregular de fundaciones en Atacama. Según indican, casos como el de la ONG Democracia Viva también están presentes en esta región.
En este sentido, aparece el caso de la Fundación Social y Cultural Madero, perteneciente al Grupo Madero, la cual ha recibido 248 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, liderado por el exmilitante del Partido Socialista, Miguel Vargas Correa. Esto, para un proyecto de “Entrenamiento Neuromotriz aplicado al Adulto Mayor”.
Según consignó el sitio, lo llamativo es que siendo esta entidad privada reciba financiamiento para este tipo de proyecto considerando que su especialización es la publicidad e inversiones, además de contar con una fundación dedicada a actividades culturales. Además, se ha identificado que esta ONG ha recibido pagos directos por la difusión audiovisual de las sesiones del Consejo Regional.
En la investigación de El Zorro Nortino, se expone que en los registros del proyecto de la fundación Madero, se encuentra el nombre de Felipe Barril Santana, exdirector de Finanzas de la Municipalidad de Copiapó y actual asesor de Administración y Finanzas del Grupo.
Por su paso en el municipio de Copiapó, el exfuncionario antes mencionado tiene una condena en primera instancia por malversación de caudales públicos y fraude al Estado, del año 2017. Todo luego de un procedimiento abreviado, llevado en el Juzgado de Garantía de Copiapó, a causa del desvío de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en la región de Atacama.
Actualmente, la Fundación Madero está representada legalmente por Francisco Madero, ex consejero regional del Partido Socialista.
Estos antecedentes pondrían a la Fundación Madero como una más entre las ONG investigadas y cuestionadas por el financiamiento que han recibido del Estado, sumándose así al caso de Democracia Viva, que está ligada al partido Revolución Democrática.