Tras la formalización del exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro, por el delito de exacción ilegal, en relación a cobros irregulares a vecinos del sector Los Aromos Sur, quienes fueron beneficiarios de un proyecto de Agua Potable Rural completamente financiado por la Subdere, desde la actual administración municipal explicaron a La Discusión que actualmente, la Contraloría General investiga antecedentes similares de presuntos cobros indebidos en otras 14 localidades de la comuna.

Así lo ratificó el actual administrador municipal de San Nicolás, Enrique Rivas, quien confirmó que en estos otros 14 casos, la exacción ilegal también involucra a vecinos que fueron objeto de idénticos beneficios de la Subdere, “por lo que ya se ordenó, por instrucción de la Contraloría General, una investigación al interior de la Municipalidad para tener la claridad respecto a si esos pagos fueron o no, devueltos a las familias a quienes se les cobraron estos dineros”.

Hasta el momento, la Municipalidad ha devuelto ya parte de los dineros de vecinos de, al menos, dos de estos proyectos de Agua Potable Rural, incluyendo a aquellos del sector Los Aromos, quienes pudieron demostrar con documento en mano que habían pagado la cuota de $50 mil pesos que se les exigió en la administración municipal anterior y que fueron depositados a la cuenta de la Tesorería Municipal.

Solo en estos dos sectores, el total de los reembolsos suma cerca de 10 millones 100 mil pesos. “Bajo la administración del alcalde Rice, nosotros dimos la instrucción y el deber de devolver estos dineros que fueron cobrados malamente para los proyectos de APR en la comuna”, insistió el administrador quién, de todas formas, aclaró que quienes no cuentan con recibos o documentos que comprueben los pagos, no podrán recibir el dinero de vuelta, por tratarse de una transacción que data de a lo menos tres años.

Tras la formalización de cargos, hechas de manera directa en contra del exalcalde Toro por parte del Ministerio Público de Chillán, el exjefe comunal y actual jefe de división de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, dijo que rechazaba el haber cometido ningún ilícito y que esos cobros obedecían a una forma de operar que existía en la Municipalidad. Finalmente, optó por no ahondar en mayores declaraciones, añadiendo que “la estrategia legal que se tomará en adelante la dejo en manos del abogado Nicolás Castillo, de la Defensoría Penal Pública”.

De todas formas, según consta en los antecedentes de la formalización expuestos por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, “la responsabilidad penal es personal, por lo tanto nunca podríamos nosotros imputar responsabilidades debido al cargo a alguna autoridad. En este caso él hizo de manera directa algunas solicitudes de pago de estos aportes de 50 mil pesos que no tenían justificación legal en las mismas reuniones con las familias”.

El persecutor expuso además en el estrado que “según nuestros antecedentes, él (el exalcalde Toro) le dijo a las familias que tenían que pagar usando distintos pretextos y hay algunas víctimas, y así lo señalamos en la formalización, que hubo a quienes incluso les dijo que si no pagaban, no les instalarían los arranques”

Subdere no cobra a los vecinos

La formalización causó diversos efectos en la comuna, en especial entre dirigentes vecinales de las localidades presuntamente afectadas.

Domingo Oportus, uno de los dirigentes de Los Aromos, quien entregó los primeros antecedentes de este caso puntual a la Contraloría, explicó que “son mucho más de 14 localidades las afectadas y en suma, deben ser cerca de mil las familias que tuvieron que pagar esos 50 mil pesos, porque a los que no pagaban -como yo- les quitaron los arranques”.

Mientras que desde la Subdere, su director, Eric Buhring, dijo a La Discusión que “en relación a los cofinanciamientos en los que participa la Subdere, estos solo se hacen en proyectos puntuales en conjunto con el Gobierno Regional, como por ejemplo, la construcción de algún edificio consistorial. Pero en el caso de proyectos vecinales individuales, como los APR, la Subdere los financia al 100 por ciento, por lo que en ningún caso se considera el aporte de los vecinos”.