Contraloría modifica normativa de gastos reservados tras escándalo que involucra a Manuel Monsalve

La Contraloría General de la República emitió el oficio N° E33069/2025, el cual actualiza la regulación sobre el uso de gastos reservados y deja sin efecto el instructivo vigente desde 2003. La medida surge en respuesta al escándalo que involucró al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por su utilización irregular de estos fondos en actividades no especificadas.

El nuevo instructivo establece directrices más estrictas para el manejo de estos recursos, reafirmando que solo ciertos organismos pueden disponer de ellos, incluyendo la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, además de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Una de las principales modificaciones es la obligación de las entidades autorizadas de identificar mediante resoluciones reservadas las unidades operativas que manejarán estos fondos, detallando las jefaturas responsables y sus eventuales subrogantes. Estas resoluciones deberán ser remitidas a la Contraloría, garantizando un mayor control sobre quiénes acceden a los gastos reservados.

Asimismo, se impone a las jefaturas responsables la obligación de presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), en línea con la Ley de Probidad en la Función Pública (20.880). En ella, deberán incluir información sobre cuentas bancarias, seguros y otros activos de su propiedad o de familiares directos, lo que busca prevenir conflictos de interés y mejorar la transparencia.

Otro cambio significativo es la exigencia de rendir caución para el manejo de estos recursos, alineándose con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría (10.336). Se busca así evitar malversaciones y asegurar la responsabilidad financiera de quienes administren estos fondos.

Además, las jefaturas deberán proporcionar información detallada sobre el uso de los gastos reservados para la elaboración de informes semestrales y un consolidado anual, el cual será remitido a la Contraloría General.

Impacto del escándalo Monsalve

La actualización normativa ocurre tras las denuncias que vincularon a Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva acusado de violación, con el uso indebido de gastos reservados durante su gestión en Subsecretaría del Interior. Aunque la investigación sigue en curso, el caso evidenció la falta de regulación efectiva en la rendición de estos fondos y derivó en este ajuste normativo sin precedentes.

Con este nuevo marco regulatorio, la Contraloría busca fortalecer la supervisión y la transparencia en el manejo de recursos que, por su naturaleza, han sido históricamente de difícil fiscalización.

Uno de los mayores cambios que tendrán que tener a la vista las autoridades, está en el punto 3 del oficio, el cual raya la cancha de forma definitiva a cómo deberán dar cuenta del gasto de estas platas. Esto correrá para el Presidente de la República y el resto de las reparticiones del Estado que tienen estos fondos a disposición discrecional.

Es así que en el punto 3 se identifica como “obligaciones de las entidades autorizadas y jefaturas”, se agregan varios puntos detallados de cómo: