Son investigaciones relacionadas con millonarios traspasos desde el Gobierno Regional del Bío Bío a cuatro entidades con algún nexo político, las que ha abierto de oficio el Ministerio Público. Son causas contra las fundaciones RedCultivarte, vinculada de alguna forma al alcalde de Coronel, Boris Chamorro; Urbanismo Social, donde trabajó la delegada Daniela Dresdner; En Ti, de la ex candidata Camila Polizzi; y Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet.
En declaraciones a nuestro medio asociado, CNN Chile, el fiscal nacional Ángel Valencia informó que la decisión adoptada por fiscales jefe en una media docena de regiones se sustenta en que existen indicios de delitos en cada unas de las transferencias de dineros denunciadas.
“Si hay un delito, de qué delito en particular lo podrá establecer en definitiva la investigación. Pero lo que sí puedo dar fe, porque lo pude apreciar, es que en cada uno de los casos en los cuales los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, lo han hecho porque existen hechos que revisten caracteres de delito“, manifestó el persecutor.
Si bien la Fiscalía no ha indicado cuáles podrían ser esos ilícitos, consultamos al abogado y exfiscal, Andrés Cruz, quien precisó las figuras a las cuales podrían apuntar las pesquisas; van desde el fraude al Fisco a la obtención ilegal de subvenciones estatales, e incluso cohecho.
“Dentro de la posible configuración de hechos ilícitos, indudablemente que podríamos estar dentro de la gran categoría que se denominan delitos funcionarios. Por lo tanto, podríamos estar en delitos como fraude al fisco; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; tráfico de influencias; y por qué no, eventuales cohechos”, dijo.
Ante la gravedad de los hechos y como querellante, el diputado Leonidas Romero dijo que hay diligencias urgentes como el allanamiento a las fundaciones involucradas y al Gobierno Regional, considerando los sospechosos robos de documentos denunciados en el caso de RedCultivarte.
“Le entraron a robar a la institución toda la documentación y me han comentado que en la Oficina Municipal del Adulto Mayor también habría ocurrido algo parecido. Es sospechosa la situación. Por lo tanto, yo espero de verdad que la Fiscalía haga los trámites pertinentes. Entre otros, deberían incautar la documentación y computadora y teléfono del Gobierno Regional antes de que desaparezcan las pruebas“, expresó el legislador.
Sin embargo, para el penalista Rodrigo Vera Lama es más importante la incautación de teléfonos celulares y no tanto de computadores o documentos.
“Lo que se va a encontrar van a ser documentos donde consta que hay por ejemplo un contrato entre un organismo público y una fundación, se va a encontrar lo lícito. Lo ilícito, es decir, las conversaciones, las tratativas ocultas, son comunicaciones a través de sistemas de mensajería o llamados telefónicos. Por lo tanto, obviamente que es más útil la incautación de teléfonos“, indicó.
A cargo de las investigaciones abiertas está la fiscal María José Aguayo, quien ya habría despachado la realización de las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, previo a la eventual orden de allanamientos.