En una nueva fase de las investigaciones relacionadas con el Caso Convenios en La Araucanía, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en las dependencias del Gobierno Regional (GORE) durante el día miércoles. El procedimiento se realizó por instrucción del Ministerio Público y tras la obtención de la correspondiente orden judicial.
Este caso tiene sus raíces en una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a mediados de noviembre contra cuatro funcionarios del Gobierno Regional. Los cargos imputados a estos empleados públicos incluyen fraude al Fisco y lavado de activos.
Los individuos señalados ocupan roles clave en la administración regional: se trató del jefe de Administración y Finanzas, el jefe de Presupuesto e Inversión, el jefe de Infraestructura y Transportes, y la jefa de División Fomento e Industria.
La querella se centra en la presunta suscripción de convenios irregulares con las fundaciones Folab y Educc, Rinnet y Juvenal Ortíz. Según las acusaciones, estos convenios resultaron en la apropiación indebida de aproximadamente 700 millones de pesos destinados a un programa de capacitaciones en la región de La Araucanía.
Durante el allanamiento realizado por la PDI, se concretó la detención de una funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía. La mujer será presentada ante un control de detención programado para el día jueves, y su detención estaría vinculada a la suscripción de los mencionados convenios irregulares con las fundaciones: en un principio, se le imputaba el delito de apropiación indebida, lo que luego fue recalificado por fraude al fisco.
El fiscal a cargo, Carlos Cornejo, informó sobre la orden de detención, destacando que esta se materializó en base a antecedentes directos en contra de la funcionaria pública vinculada al caso. Este desarrollo marca un paso significativo en la investigación, y se espera que el control de detención aporte más detalles sobre los cargos específicos y la participación de la detenida en el presunto fraude. Además, hubo allanamientos a tres domicilios particulares y otros dos inmuebles estatales.