Casa de Allende: Exministra Sandoval habría advertido “consecuencias políticas” por el trato a Presidencia

Desde el equipo del Ministerio de Bienes Nacionales dijeron a La Moneda que la compra de la casa del exmandatario podría tener consecuencias comunicacionales negativas, aunque no advirtieron que era inconstitucional.

El Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende podría traer “consecuencias políticas” por el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández, con el fallecido exmandatario.

Según informó Ciper Chile, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como es.

Recordemos que el Gobierno de Gabriel Boric, mediante el Ministerio de Bienes Nacionales, ordenó la compra de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende para convertirlas en museos. Sin embargo, en el caso del segundo exmandatario esto no se pudo concretar.

El motivo fue que la ley prohíbe expresamente que los ministros celebren contratos con el Estado, y esto ocurría con la actual ministra Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y una de las propietarias de la casa, pero también en el caso de la senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende, otra de las propietarias del inmueble.

De acuerdo al medio citado, la exministra Sandoval habría llamado por teléfono al asesor de Presidencia Leonardo Moreno para advertir la situación, pero él aseguró que Presidencia se haría cargo en su momento.

Además, habría existido una reunión formal entre los gabinetes del Ministerio de Bienes Nacionales, la Subsecretaría de Patrimonio y el mismo Moreno, donde se habrían repetido los inconvenientes con la misma respuesta por parte del asesor.

En junio del 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales fue mandatado a ejecutar la compra de ambas casas y fue el 25 de noviembre que el Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el decreto que autorizaba la elaboración del contrato de compraventa, que fue firmado el 30 de diciembre.

Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso.

Desde la oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano, y de la senadora Allende, a quien acusaron ante el Tribunal Constitucional.