Causa por omisión: Las 48 horas en que los dirigentes de RD buscaron apagar el incipiente incendio de Democracia Viva

Los antecedentes que han salido a la luz los últimos días del Caso Democracia Viva, y que forman parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía de Antofagasta, han permitido conocer las declaraciones de varios de los implicados, como también conversaciones claves que ayudan a reconstruir el antes y después de la publicación del diario Timeline.

Como ya se conocía hace algunos meses, el terremoto que se avecinaba llegó a RD a principios de junio. “Oigan, entre otras noticias, tenemos un incendio”, comentó Araceli Farías, entonces secretaria general, en el grupo de la directiva nacional.

A partir del 6 de junio, los altos miembros del partido se abocaron a analizar las dimensiones de la situación y a construir un relato que defendiera a las figuras de la tienda, o al menos a algunas de ellas. Ese día se reunieron por Zoom la directiva, la presidenta regional, la jefa de gabinete de Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras.

En ese objetivo, el abogado y entonces secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni jugó un rol vital en el intento del partido de construir su versión para cuando el caso “explotara”.

Episodio 1: La Carta

El problema de Antofagasta no sólo comenzaba a hacer ruido entre los principales dirigentes del partido, sino que también aumentó la tensión en la preparación de las elecciones internas de Revolución Democrática. En especial, en los integrantes de «Despierta», tendencia política al interior de la colectividad y que era cercana a la diputada Catalina Pérez.

Así lo evidenció Francesca Bianchi, otrora consejera política nacional de RD, en una carta que se conoció posterior a la explosión del caso de corrupción y que fue expuesta por Edson Dettoni cuando solicitó la expulsión de Andrade y Contreras ante el Tribunal Supremo.

Estas líneas también fueron consideradas de “alto valor” para la Fiscalía de Antofagasta, pues la incluyó en la carpeta investigativa, e incluso el fiscal Cristián Aguilar instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI que la declaración a Bianchi fuera recibida en calidad de testigo.

La entonces consejera política nacional relató que el 6 de junio -mismo día en que la directiva nacional de Revolución Democrática se reunió por Zoom- se percató de una situación irregular, mientras se negociaban las listas para las elecciones internas de octubre.

“Tomé conocimiento, desde distintas personas, que se estaba ejerciendo un veto para realizar alianzas con mi tendencia llamada Despierta, que hoy es mi ex espacio. Se me informó que no habría posibilidad de alianza, debido al ‘actuar de Antofagasta’ y, en específico, el actuar del señor Carlos Contreras”, dijo la militante en la carta, y agregó que “se insinuaba que Carlos Contreras habría cometido eventuales faltas a la probidad en su calidad de seremi”.

Ese mismo día, en una reunión virtual con los integrantes de «Despierta» en el marco de las elecciones, aseguró que interpeló a Contreras -quien también pertenecía a esa tendencia- y a “todas las personas de la región de Antofagasta que eventualmente tuvieran conocimiento de estas materias, para que transparentaran lo que estaba sucediendo”. Sin embargo, nadie dio respuesta concreta a los cuestionamientos.

Al otro día, el 7 de junio en la noche, miembros de “Despierta” se reunieron de forma virtual nuevamente. En esa ocasión, según Bianchi, el exseremi de Antofagasta reconoció que firmó un convenio con Democracia Viva, que era representada por Andrade.

El traspaso fue cuestionado por Bianchi, quien en ese momento emplazó a Contreras por la experiencia de la fundación en materia de campamentos y vivienda, y por la transparencia de la firma del convenio, ya que, según indicó, era de público conocimiento la relación de amistad entre Contreras y Andrade. Pero su interpelación, dijo, fue interrumpida por cercanos a la otrora autoridad regional.

“Me empezaron a decir que era una persona emocional y emitieron algunos epítetos muy ofensivos en mi contra, como llamarme inquisidora, por el simple hecho de intentar saber de qué se trataba todo esto”, se lee en la carta de Bianchi, quien también aseguró que Contreras tenía registro de otras situaciones “anómalas”, como cuando ejerció el cargo de tesorero en el partido.

Tras presentar los antecedentes expuestos, la consejera política nacional solicitó la “máxima sanción” para Conteras y Andrade, “por usar eventualmente su amistad y su relación de confianza dentro del partido, para generar una serie de convenios en favor de la Fundación Democracia Viva”.

El convenio generó un quiebre en «Despierta». De hecho, si bien el 12 de septiembre “Despierta” inscribió una lista para competir en las elecciones, dos días después informaron que no disputarían la directiva. Para ese entonces, Catalina Pérez ya había sido suspendida de su militancia.

Episodio 2: La conversación con Andrade

Otra de las conversaciones que analiza la Fiscalía es la que sostuvo Daniel Andrade, líder de Democracia Viva, con Edson Dettoni, luego de la reunión inicial de diagnóstico del 6 de junio.

“Yo lo he pasado super mal pensando en este flanco. Me he sentido super ingenuo y estúpido a la vez (…) Bueno esta demás decir que tiene que haber silencio total, no baya a ser que la wea se filtre por nuestro lado”, le dijo Andrade a Dettoni.

“Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir va a salir. Y hay 4 aspectos que veo que tenemos que trabajar en explicación (Con Camila estamos preparando una ficha para armar relato en base a ello)”, respondió Dettoni, en representación de la colectividad, y procedió a mencionar los cuatro elementos claves:

“1. ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso.
2 ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge de tener claridad.
3. ¿Por qué no se han efectuado denuncias si ya se estaba en conocimiento? Sumarios administrativos, denuncias al TS ¿Y qué se responderá ante una eventual querella por cohecho o tráfico de influencia? ¿Estarán respaldadas todas las comunicaciones en correos y celulares que puedan ser incautados?
4. ¿Por qué el seremi no observó el principio de abstención por amistad manifiesta (art. 12 núm. 3, ley 19880).
Esto es relevante para desarmar el encuadre.”

Con esos cuatro puntos, el secretario ejecutivo de RD buscaba saber si los implicados en el caso tenían respuesta para todas las aristas que podrían complicarlos. Andrade, en ese chat, señala que no es capaz de responder todas.

“La 1 es la única que tengo certeza y la 3 no te cache bien. En el punto 3 no le tomamos peso con la Cata, en algún momento lo conversamos en 1a cama antes de dormir por decirlo asi. Ese fue nuestro graaan error. Me siento fatal por la wea”, dijo el cabecilla de Democracia Viva.

Episodio 3: La subsecretaria

El 7 de junio, nueve días antes que el caso estallara en la prensa, el trabajo de Dettoni cambiaba su rumbo. Ya contenido Daniel Andrade, su misión ahora era influir en otra militante de RD que estaba involucrada en este caso: la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, a quien le plantearía las mismas cuatro preguntas que a Andrade. El secretario ejecutivo del partido también buscaba controlar la avalancha en el Gobierno. Y no en cualquier lugar, sino que en el corazón del desastre.

“Subsecretaria, buenas tardes, ¿tendrás un minuto para hablar sobre el seremi de Antofagasta?. Ayer tuvimos una reunión con él. Y quería confirmar contigo algunas cosas”, le dijo Dettoni.

Mediante un audio, Rojas le responde que primero tiene que resolver algunos aspectos al interior del Ministerio, pues no lo había comentado aún con su jefe, el ministro Carlos Montes:

“Hola Edson, dame un tiempo porque estoy también en una situación de aclarar el tema y no quiero contaminar las cosas, entonces déjame ver, yo no he podido hablar con el Ministro todavía, entonces lo voy a ordenar en la interna y después los contacto a ustedes, estoy en permanente comunicación con el seremi”, dijo Rojas.

Después de esa conversación, al parecer, nunca más volvieron a conversar. Por lo menos, así lo declaró la exsubsecretaria Rojas, que hoy está como imputada, ante el Ministerio Público.

El saber cuándo y cómo se enteraron las autoridades de La Moneda y las decisiones que se tomaron para solucionar el caso de irregularidades de Democracia Viva es una arista de suma importancia para la Fiscalía. Por ello, el persecutor Cristián Aguilar determinó abrir una nueva separada para indagar el delito de omisión.

En esa línea, la declaración de Rojas, realizada en octubre pasado, dio pie a esta nueva causa, tras revelar un nuevo antecedente: “Yo le confeccioné al Ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

El ministro Carlos Montes, por su parte, respondió que efectivamente recibió un informe de parte de la subsecretaria, pero que este no indicaba irregularidades. “El documento que ha conocido la prensa, y que cualquier persona puede revisar, justamente lo que hace es decir que la situación es regular. E insisto, no advierte ningún conflicto de interés o potencial delito”, planteó.

El documento, en todo caso, no frena las dudas. Sino que más bien, abre nuevas interrogantes. Es correcto que no incluye información sobre irregularidades, pero deja entrever que en algún momento el Minvu realizó indagaciones buscando faltas a la probidad.

Así se deja ver en uno de los comentarios redactados por Tatiana Rojas y que fueron entregados a Montes, el 8 de junio de 2023. “En una vista general, el procedimiento realizado por el SEREMI de la región de Antofagasta se ajusta a la forma en que se han estado llevando a cabo los procesos de aprobación de convenios a nivel nacional desde el año 2019”.

Conocer el contexto en que la subsecretaria entregó la minuta al ministro, y si es que fue la única referencia a Democracia Viva entre ambos funcionarios antes de la publicación de Timeline, es una de las prioridades de la Fiscalía.

Para el Ministerio Público es relevante determinar la fecha exacta en la que se enteraron las autoridades, instrucción que el fiscal Cristián Aguilar remitió a la Bridec de Antofagasta el 1 de octubre, priorizando tres nombres: Carlos Montes, Tatiana Rojas e, incluso, el Presidente Gabriel Boric.