El contralor Jorge Bermúdez señaló que Miguel Crispi deberá explicar a Contraloría las razones para negarse a asistir a la comisión investigadora por el Caso Convenios, apuntando a que debe dar cuenta de sus decisiones.
“Una autoridad tiene el deber de dar cuenta de sus decisiones, independiente de la denominación de su cargo”, señaló Bermúdez.
Así lo aseguró durante la sesión que se realizó la mañana de este lunes en el Congreso, donde el contralor general de la República asistió como invitado a la instancia.
Al respecto, la autoridad dio un “mazazo” a la teoría del Gobierno respecto a que Crispi, al ser funcionario a honorarios, no tiene la obligación de concurrir a la comisión a prestar declaración.
En ese sentido, si bien reconoció que no hay jurisprudencia sobre la materia, esperarán la respuesta del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda para finalmente tomar una definición como Contraloría.
De todas maneras, Jorge Bermúdez dejó en claro un elemento fundamental, que para la Contraloría que él ha manejado durante ocho años, el principio rector es la rendición de cuentas y que a veces más importante que la denominación, es la función que cumple la persona, la que determina si es que tiene que generarse una rendición de cuentas.
Por lo mismo, Crispi deberá explicar por qué técnicamente cree que él está libre de la fiscalización de una comisión especial investigadora en calidad de funcionario.
En todo caso, Jorge Bermúdez, evitó zanjar si Miguel Crispi es o no funcionario público.
Asimismo, Bermúdez anunció que el próximo 30 de octubre entregarán los informes pormenorizados sobre el caso, que está en dos niveles: las gobernaciones regionales y el Ministerio de Vivienda.
Dichos informes van a dar cuenta de la situación actual del escándalo por convenios de organismos públicos con fundaciones, así como respecto a si hay nuevos antecedentes de casos y las posibles vulneraciones que han ocurrido en más regiones del país.
Por último, consignar que el presidente de la Comisión Investigadora, diputado José Miguel Castro, solicitó un aplazamiento, una prórroga de quince días de esta comisión investigadora, que ha sido aceptada por los parlamentarios y que se va a votar en la Sala de la Cámara.
Lo anterior, para poder recibir el informe pasado el 30 de octubre y comenzar en noviembre a terminar el trabajo de la comisión investigadora, leyendo y analizando sus conclusiones.