Luego de que el Gobierno diera a conocer las modificaciones del veto presidencial frente a la Ley de Usurpaciones, la oposición declaró sentirse “traicionada”, adelantando un nuevo proyecto.
El oficialismo, en tanto, hizo un llamado a tramitar de manera expedita su aprobación para concluir con el proyecto que entregue seguridad a la ciudadanía.
Tras un intenso debate sobre la legítima defensa privilegiada, el Gobierno vetó esta arista de la ley de usurpaciones, eliminando la “autotutela” o “justicia por mano propia” y suprimiendo la penalización de usurpaciones “transitorias”. Sin embargo, mantuvo las penas de cárcel, agregando una variación en el presidio según el nivel de gravedad de la usurpación.
La aprobación de dicha ley era crucial para Chile Vamos, siendo esta un eje primordial en la hoja de ruta en materia de seguridad y el denominado “fast track” legislativo.
Chile Vamos declaró sentirse traicionado ante estas modificaciones, por lo que anunciaron que presentarán otro proyecto que defienda y proteja el derecho a la propiedad y la seguridad de la ciudadanía.
Así lo señaló el diputado de la UDI, Henry Leal, y el parlamentario de Renovación Nacional, Miguel Mellado, este último aseguró que la relación con el gobierno “se cortó”.
Renovación Nacional emitió una carta dirigida al mandatario Gabriel Boric, acusando que el veto “socava” la agenda de seguridad y “contraviene la voluntad de una mayoría de los chilenos”. Aludiendo que su decisión se fue influenciada por las presiones del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Por su parte, el oficialismo expresó su apoyo al veto, justificando la proyección del Estado de Derecho. Así lo declaró la legisladora socialista, Ana María Bravo, y el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya.
El gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, lamentó la decisión del Gobierno, señalando que las usurpaciones pacíficas “no existen”.
La senadora republicana Carmen Gloria Aravena afirmó que “el gobierno ha demostrado una vez más que le tiembla la mano frente al crimen organizado y le da la espalda a los ciudadanos honestos y víctimas de este delito”
“Con la aprobación de la Ley de Usurpaciones, los chilenos por fin habían abrigado cierto grado de esperanza de que se podría enfrentar con mejores herramientas al crimen organizado, pero este veto ingresado hoy, entre gallos y medianoche, es una nueva bofetada del Ejecutivo a los chilenos honestos y a las víctimas de estos delitos”.
La Democracia Cristiana valoró el veto presidencial, planteando que el mundo político debe dar -con urgencia- “certezas al derecho a la propiedad”.