La oposición cuestionó la medalla que recibió el exjuez que ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998, mientras que desde el gobierno han enfatizado en que se trata de un reconocimiento y no una condecoración.
Diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que se refiera a la “legalidad” del reconocimiento entregado por el Presidente, Gabriel Boric, al exjuez Baltasar Garzón, quien promovió el arresto de Augusto Pinochet en Londres, en 1998.
El jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, y la parlamentaria Marcia Raphael pidieron al ente fiscalizador pronunciarse sobre “la legalidad y procedencia de otorgar medallas u otra clase de condecoraciones honorarias sin haberse instituido estas mediante un acto administrativo que habilite y regule su concesión».
Los parlamentarios piden a la Contraloría revisar «si resulta así procedente para el caso de la Medalla Conmemorativa de los 50 años del Golpe de Estado que fuere otorgada oficialmente a los ciudadanos españoles, Sres. Baltasar Garzón y Joan Manuel Serrat, por parte de S.E. el Presidente de la República en el marco de su reciente gira a Europa».
El sábado el mandatario agradeció personalmente al exjuez Garzón y le entregó la medalla, asegurando que el jurista le dio “esperanza no solamente a los chilenos sino a todo el mundo”, por la detención a Pinochet.
La oposición cuestionó este gesto en favor de Garzón y recordaron su rol en el equipo de abogados de Bolivia en su demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, mientras que desde el gobierno aclararon que no fue una condecoración, sino que un reconocimiento al exjuez.
«Se busca desvirtuar una impugnación a este reconocimiento señalando que la naturaleza del mismo no es la de una medalla propiamente tal, sino la de un símbolo conmemorativo. Lo cierto es que denominar medalla a dicho símbolo y entregarlo en el marco de una visita oficial por parte del Presidente de la República importa un reconocimiento que se entiende concedido a nombre del Estado de Chile, lo que excede las competencias que le caben al Presidente de la República, particularmente tratándose de ciudadanos extranjeros”, dice el escrito.
“Aun cuando desde la Cancillería y la Presidencia decidan restar importancia ex post al reconocimiento, lo cierto es que la utilización política de símbolos propios de la historia de nuestra nación no debe ser tolerada», insisten los diputados.