Montes por nueva denuncia contra fundación en Atacama: “Un equipo está reuniendo la información”

Una fundación que está siendo cuestionada ahora es Comprometidos, que cambió de giro en marzo de este año y pasó de producir películas y actividades con clínicas veterinarias a prestar «asistencia social» y tener el rol de «fundaciones y corporaciones.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que un equipo —el mismo que actuó en el Caso Democracia Viva— reunirá todos los antecedentes con respecto a una nueva denuncia en contra de una fundación, esta vez en la región de Atacama.

“No tenemos antecedentes, por eso hay un equipo que está reuniendo la información, nosotros no nos quedamos solamente por noticias sin fundamento, necesitamos antecedentes y a partir de eso actuar”, afirmó Montes.

Montes recordó que “fuimos a Antofagasta a entregar carpetas, a entregar archivadores con todos los antecedentes que teníamos y tenemos un equipo apoyando al fiscal allá en todo lo que se pueda. Lo mismo hemos hecho en el día de hoy en Maule, que también se presentó un tema que tendrá que verse qué significa. Mandamos el mismo equipo que fue al norte a investigar, a hacer una investigación preliminar para estos efectos y pedimos los antecedentes”.

La nueva denuncia, según explica La Tercera, apunta a la Fundación Comprometidos, la que cambió de giro en marzo de este año y pasó de tener “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” a “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.

En el reportaje aseguran que Comprometidos se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama para el “plan piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos, sector Paipote y Villa El Cerro II de la comuna de Copiapó” por 128 millones de pesos.

De acuerdo al Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, Comprometidos recibió $116.840.000 de parte del gobierno regional de Arica y Parinacota, dos transferencias no relacionadas a campamentos ni agua potable. La primera por $33.840.000 por “consultas regionales de mascotas” y otra por $83.000.000 fue por el “control poblacional canino y felino”.