Urbanismo Social. Esa es la nueva fundación que se suma a la polémica por los convenios de colaboración firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a cargo en ese entonces de Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática (RD).
El caso se centra en la firma de los convenios por $426 millones con Democracia Viva, la fundación dirigida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), y otorgados por el servicio que dirigía quien había sido jefe de gabinete de la diputada.
Luego de conocerse la denuncia, la Fiscalía local de Antofagasta abrió una investigación para determinar la eventual comisión de delitos como tráfico de influencias o fraude al fisco. La Contraloría también se encuentra examinando los antecedentes y ya se instruyeron sumarios administrativos.
Pero las investigaciones no sólo incluirán a Democracia Viva, sino también los convenios con todas las fundaciones que recibieron dineros de la Seremi de Vivienda de la Región. Entre ellas, Urbanismo Social.
La Fundación Urbanismo Social tuvo de director jurídico a Rodrigo Hernández, actual Seremi de Vivienda del Maule, militante RD, quien, según su perfil de LinkedIn, estuvo seis años en la organización, dejando su puesto en 2022.
En 2021, con Hernández de director en la Fundación, la organización recibió dos transferencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta que sumaron $227 millones para financiar estudios para la estrategia de radicación de campamentos.
Pero fue en 2022, cuando Hernández asumió como Seremi del Maule, que se multiplicaron los dineros recibidos por Urbanismo Social provenientes de convenios con Antofagasta, que encabezaba entonces el ahora renunciado Carlos Contreras.
Ese año, la fundación recibió de dicha Seremi $577 millones en ocho transferencias para gestionar “los estudios previos, los respectivos diseños de arquitectura e ingeniería y todo lo necesario, para determinar la viabilidad a nivel técnico y social de la estrategia de radicación por urbanización”, entre otros.
Según su sitio web, esta fundación es un «emprendimiento social» sin fines de lucro y tiene más de 15 años de experiencia, ha ejecutado más de 90 proyectos y trabaja en siete regiones.
Mega Investiga analizó todas las transferencias que la fundación recibió de distintos organismos públicos que se encuentran en el portal de colaboradores del Estado. Entre 2021 y 2022, Urbanismo Social recibió $941,5 millones de cuatro entidades, sumando convenios, fondos concursables y subsidios.
Aunque trabaja en siete regiones, el foco en los ingresos por convenios está puesto en Antofagasta: el 85% de todas las transferencias recibidas por Urbanismo Social corresponde a convenios con la Seremi de Vivienda de esa región.
Son $804 millones que se le entregaron en 14 meses, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, para distintos proyectos. Esto representa casi el 91% de todos sus ingresos por transferencias de convenios en dos años.
Entre 2021 y 2022, la fundación recibió $25 millones en subvenciones de la Municipalidad de Temuco para un proyecto de implementación de entrega de beneficios sociales. También ganó fondos concursables por $27,5 millones de la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para evaluar la implementación del “Programa de Integración Social en tiempos de pandemia”.
Según los reportes de transparencia de la fundación, publicados en su sitio web, en 2022, la organización obtuvo un 64% de sus ingresos de asesorías público-privadas, un 20% de donaciones, un 15% de fondos públicos o privados y un 1% de sus socios.
Urbanismo Social no respondió a las solicitudes de Mega Investiga para esta nota.