¿Caja pagadora?: Gobierno entregó $3 mil millones a fundaciones pro Boric en la región de Antofagasta

El escándalo que protagoniza por estos días la fundación Democracia Viva, ligada al entorno de la diputada del partido Revolución Democrática, Catalina Pérez, ha abierto una verdadera caja de pandora sobre la asignación de recursos de forma directa a fundaciones en la región de Antofagasta para el trabajo en campamentos de la zona.

El caso, dado a conocer por el medio local Timeline, reveló la molestia de los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta por la asignación de recursos de forma directa a al menos siete fundaciones bajo el contexto de “habitabilidad primaria” para campamentos. La situación escaló a tal nivel que hoy la Fiscalía Regional está investigando el caso.

Si bien hasta ahora solo se sabía del millonario traspaso a la fundación Democracia Viva, no deja de llamar la atención las cuantiosas sumas que la misma seremi ha transferido a instituciones que no persiguen como fin erradicar los campamentos, sino que entregar medidas transitorias a lugares usurpados.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío descubrió que hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Seremi Minvu de Antofagasta y que tienen algo en común: son pro Gobierno y sus líderes son cercanos al oficialismo.

La lista la encabeza la Asociación Campamento de Ideas, que según los registros ha recibido nueve asignaciones directas por un monto de $797.593.752. El presidente y socio fundador de la organización es Ernesto Espinoza Illanes, quien en sus redes sociales compartió imágenes apoyando al entonces candidato Gabriel Boric. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram colgó el 19 de diciembre de 2021 una fotografía con la opción “1”, la misma que ocupaba en la papeleta Boric.

Su directora ejecutiva es Karen Christie, exfuncionaria del Gobierno Regional de Antofagasta y cercana al exsenador por esa región Alejandro Guillier Álvarez. Hasta ahora públicamente se desconocen las rendiciones de gasto, pese a que las transferencias son millonarias.

La segunda de la lista es la Fundación ProCultura. Esta fundación es muy conocida por el presidente Boric, puesto que su pareja Irina Karamanos trabajó por cerca de un año en esta institución. Incluso, explicaron desde la propia entidad, Karamanos estuvo encargada del Área Educación, específicamente, de un proyecto que desarrollaron en Rapa Nui.

ProCultura, que fue contactada por la Seremi Minvu de Antofagasta, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de $500 millones de pesos. Al igual que en los otros casos, el objetivo del contrato fue para “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, consigna el documento.

Su director ejecutivo y socio fundador es Alberto Larraín Salas. Este, de profesión médico psiquiatra, colaboró con la campaña del actual mandatario e incluso ha participado en mesas convocadas por el Ejecutivo (vea entrevista a Larraín al final del artículo).

A ProCultura y a la Asociación Campamento de Ideas, se suma la Fundación Urbanismo Social, quien es otra de las organizaciones que ha recibido financiamiento. En el último trimestre de 2022, a Urbanismo Social se le transfirió la suma de $577 millones desde la Seremi Minvu de Antofagasta.

Esta fundación la dirige una persona que es conocida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Se trata de Pilar Goycoolea Ferrer, quien es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.

Las actividades que Urbanismo Social desarrolla tienen buena convocatoria de políticos. Si Democracia Viva atraía a militantes del Frente Amplio, esta organización ha contado con la asistencia a sus eventos del ministro Carlos Montes, del Gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entre otros actores que alguna vez se identificaron con la Concertación.

Goycoolea dejó rastros en redes sociales sobre su posición en favor del “Apruebo”. De hecho, defendió, junto a una serie de profesionales, la definición sobre acceso a la vivienda del texto que presentó la extinta Convención Constitucional.

Incluso, dentro de las redes sociales de la citada fundación, el 20 de diciembre de 2021, un día después del triunfo de Boric, Urbanismo Social publicó que “el resultado de ayer nos obliga a seguir aportando para avanzar en cambios profundos que fortalezcan la cohesión social y se reduzcan las desigualdades”, temáticas que formaban parte del programa del hoy Presidente de la República.

Pero la lista sigue. Otra de las fundaciones que están en el radar y que también recibió dineros para el trabajo en campamentos en Antofagasta es la Fundación Cultural TomArte. Esta organización, que también estuvo por el “Apruebo” y que fue difusora del contenido del rechazado texto constitucional, recibió de parte de la Seremi Minvu de Antofagasta tres transferencias que totalizaron $400 millones.

Al igual que las otras organizaciones, se les pidió cursar trabajo territorial en campamentos, con el fin de mejorar el estándar de habitabilidad. La presidenta y socia fundadora de TomArte es Kelly Betancourt Acosta, cercana al Gobierno. Es más, al igual que Goycoolea, Betancourt y su organización mantuvo un activo rol en redes sociales en favor del “Apruebo” e incluso el 2021 publicaron una invitación a un conversatorio organizado por la cuenta @antofaconboric.

Otra de los contratos que también se firmaron en el último trimestre del año pasado fue con Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra. Esta organización recibió $430 millones con el mismo fin: trabajar en mejorar de forma transitoria la vida en campamentos de la región de Antofagasta.

Movimiento Fibra la preside su socia fundadora que es Mery Ortiz Donoso, también cercana al Gobierno, como muestran sus redes sociales. Esta organización fue promotora del Apruebo y del candidato Gabriel Boric. Pero hay un dato más. En una página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se presenta al Movimiento Fibra como una “red de profesionales de diversas disciplinas que genera espacios de colaboración en torno a temáticas del arte-educación”. Sin embargo, esta vez los dineros no vienen de Cultura, sino de la Seremi Minvu de Antofagasta.

CONTRALORÍA

Luego que el medio electrónico Timeline de Antofagasta hiciera público los alcances del millonario contrato de Democracia Viva, fundación que tenía menos de un año desde su creación, la Contraloría General de la República (CGR) de la zona inició el análisis de los antecedentes.

El conducto regular en estos casos es que el ente fiscalizador oficie en las próximas horas a la Seremi Minvu de Antofagasta pidiendo al “convenio de transferencia de recursos para la ejecución de diagnósticos socio territoriales” con la Fundación Democracia Viva.

Sin embargo, fuentes que conocen sobre estos procesos explicaron que lo que debería ocurrir es establecer un tiempo específico a indagar para levantar por medio de oficios todos los documentos que se firmaron con fundaciones en dicha repartición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todo esto con la finalidad de revisar los “convenios” directos sin concurso y verificar que se cumplan las reglas establecidas.

Frente a este escenario, sería factible que no solamente se indague a Democracia Viva, sino que se revisen las firmas de al menos 6 documentos que totalizan $3 mil millones públicos entregados en un corto plazo.

Respecto a las advertencias que levantaron trabajadores, finalemtne señalar que según datos que se evaluaron regionalmente, en la decisión de otorgar estas multimillonarias asignaciones la decisión pasó por el Seremi Carlos Contreras y no por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. De hecho, recién el 7 de febrero pasado el presidente nombró al director regional del Serviu en Antofagasta, tras un largo concurso público.

CIFRAS

Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Antofagasta es la cuarta región con más campamentos del país. El primer lugar lo ocupa Valparaíso con 235 asentamientos irregulares y 18.405 hogares; le sigue la región Metropolitana con 142 campamentos y 13.392 familias; Tarapacá ocupa el tercer lugar con 55 campamentos y 9.300 hogares; y cierra Antofagasta con 85 asentamientos que suman 7.384 familias.

Las mismas cifras del Minvu dan cuenta que en los últimos cinco años los campamentos vienen en aumento. En algunos casos estos se han dado a través de usurpaciones de predios en comunas importantes que han dado vida a focos de delincuencia e incluso aprovechamiento concreto de negocios irregulares. Ejemplo de esto es lo ocurrido con el empresario Alejandro Correa.

ALBERTO LARRAÍN

Desde el momento en que saltó la noticia sobre Democracia Viva, el médico psiquiatra y fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, endureció el tono contra el partido que creó Giorgio Jackson y que milita la diputada Catalina Pérez.

De hecho, a través de sus redes sociales, Larraín sostuvo que todo lo sucedido le “hacía un daño” a las fundaciones que trabajan ayudando al Estado en el día a día. Mensaje que tuvo respuesta del hermano del Presidente, Simón Boric, el cual lo llamó a no hacer “leña del árbol caído” en referencia a Revolución Democrática.

Larraín accedió a conversar con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Reconoció de entrada que Irina Karamanos fue funcionaria de su fundación, la cual estuvo encargada de un programa del Área Educación, trabajando directamente con la isla Rapa Nui.

Además, el médico sostiene que “llevan 14 años trabajando”, y que incluso durante la administración de Sebastián Piñera también tuvo relaciones estrechas en el trabajo social.

– Ustedes, al igual que Democracia Viva, recibieron dineros en las mismas fechas desde la Seremi de Antofagasta vía trato directo. ¿Qué pasó con eso?

“Lo primero es que genera una molestia muy grande a raíz de que este es un proceso que uno concurre por solicitud del Ministerio de Vivienda. El Minvu es el que hace el llamado a las distintas fundaciones que están presentes en la región para poder ejercer acciones que el municipio no podía ejercer y se nos solicita participar en una condición donde hay una serie de comunidades bastante vulnerables. Nosotros tenemos un convenio marco con el Ministerio de Vivienda desde la administración pasada, donde habíamos ejercido varias acciones de distintos niveles, en distintas complejidades de proyectos. Entonces, en ese sentido, teniendo el convenio marco nos pareció de suyo que efectivamente uno pudiera contribuir a lo que las comunidades van requiriendo”.

“Ahora, ¿cuál es la molestia? ¿Por qué surge esta molestia? Porque este problema se hubiera evitado plenamente si las condiciones mínimas que se nos exigieron a nosotros para firmar el convenio en el primer momento, que era tener una cierta cantidad de años de existencia, que era tener experiencia demostrable en los trabajos, que era tener una cierta cantidad de rendiciones, una cantidad de recursos mínimos que pudiéramos demostrar en término de espalda financiera, se le hubiera ejecutado a las otras fundaciones. O sea, si en el caso de Democracia Viva se hubiera aplicado solamente el tema del tiempo, de años, que antes era mínimo 5 años, todo este problema se hubiera evitado”.

“Ahora, hoy día no solamente está el manto de duda en nosotros, sino que hay campamentos que son abandonados nuevamente en una condición de extrema vulnerabilidad y termina generando que aquellos que estamos haciendo bien la pega y que nos esforzamos porque las comunidades puedan tener proceso de desarrollo, terminamos siendo cuestionados”.

– Esos $500 millones ustedes los ejecutan. ¿Les revisan eso? ¿Cómo es el mecanismo?

“Lo primero es que efectivamente se transfiere la plata y primero se saca un seguro. Un seguro para que los recursos no puedan ser mal habidos o no se puedan establecer de mala manera. Sean boletas de garantía, o sean póliza. Esos recursos se rinden de manera periódica y hay tanto una supervisión técnica como una financiera. Además está acompañado de un proceso de registro de lo que se está haciendo en el territorio. Hay visitas periódicas de lo que se está haciendo y en el caso de estos proyectos, la fundación subsidia parte del costo porque ninguno de estos proyectos se viabiliza con los dineros entregados por el Minvu”.

– En el caso de ustedes cuando hablamos de materializar ¿eso conlleva algo tangible? No es un seminario…

“Son cosas tangibles. Por ejemplo, hay proyectos que son de habilitación primaria. Entonces pueden ser la habilitación de una sede social, en el caso de otras comunas hemos pavimentado calles o eventualmente haces el tema de electrificación, de saneamiento. En otras regiones estamos con procesos de urbanización”.

– ¿Irina Karamanos cuando trabajó estuvo en desarrollo de proyectos?

“La Irina trabajaba en el área de educación. Específicamente generando material y en vinculación a los temas de lengua que es parte de lo que ella estudió. Trabajó en los proyectos que hacíamos en Rapa Nui”.

Larraín, que reconoce que la polémica tiene un fundamento y que Revolución Democrática debe responder, planteó que es necesario abrir el debate sobre el rol de las fundaciones. De hecho, afirmó creer que “la arista que se abre acá o la pregunta más de fondo es si el Estado quiere o no esta colaboración, donde además nosotros ponemos otros recursos, que son adicionales a los que el Estado pone. Ante eso la pregunta es si Chile cree que el Estado tiene que seguir administrando todo a su ritmo y a su forma”.

Y agregó que otro pilar del debate es que deberían haber más medidas de transparencia y rigurosidad sobre los recursos. Sobre todo porque da más tranquilidad a las fundaciones y al Estado mismo. También explicó que ellos sometieron a la fundación a una auditoría externa el año pasado, específicamente cuando partió el gobierno a raíz de que Irina Karamanos había trabajado con ellos y sabían que eventualmente podía pasar que alguien quisiera auditar la fundación.