El ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió el proyecto de ley corta de isapres, ingresado por el Gobierno que busca hacer factible el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.
La iniciativa del Ejecutivo aumenta las facultades de la Superintendencia, fortaleciendo Fonasa y entregando seis meses a las aseguradoras para delinear un plan de pago.
El secretario de Estado afirmó en el Diario Financiero que la norma «no es una solución fallida, sencillamente porque para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificar la ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio«.
«Las isapres no han respondido una pregunta clave. ¿Cómo van a cumplir la sentencia? Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas», agregó.
«La ironía de todo esto es que las personas que se verían afectadas son adultos mayores, gente con preexistencia, las madres con sus hijos recién nacidos, que son las que han alegado por una década que han sufrido un aumento desproporcionado en sus planes, personas que han triunfado en tribunales y que de no encontrar una solución legislativa para la implementación de la sentencia serán las principales afectadas», sostuvo.
El ministro recordó que la ley corta «se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si esta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo».
«Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las isapres? Que esto es un engaño. No conozco una industria regulada tan beligerante como las isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera», agregó.
«Es cosa de ver la cantidad de sentencias que tienen en contra. Lo que me cuesta entender es por qué las isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen sistemáticamente hace una década diciendo que lo hacen», añadió.
Cordero recalcó que «el Gobierno sí se está haciendo cargo de los usuarios: enviamos un proyecto de ley para que la sentencia no se aplicara inmediatamente. Si a las isapres no les parece la propuesta del Ejecutivo, entonces que digan cuál es la alternativa».
«El Presidente Boric está intentando buscar una solución. Ni la reforma constitucional tiene los votos, ni el proyecto del Gobierno satisface a todo el mundo. Hay que buscar un punto de encuentro para eso, pero eso parte de la base de asumir lo que jurídicamente sucede: hay una sentencia de la Corte Suprema que debe cumplirse. Esto requiere al menos que las isapres digan de qué modo, ellas creen, debe cumplirse», concluyó.