Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública advierte que construir nuevas cárceles podría demorar hasta 10 años: proponen ampliar las existentes

Leonardo Daneris, presidente de la agrupación gremial, habló en ADN Hoy sobre los desafíos y las complicaciones para esta demanda, a propósito de la crisis de seguridad y la urgencia que se percibe.

En ADN Hoy, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, dijo que existe un “déficit estructural” en el sistema penitenciario: existen 42 mil plazas disponibles en el país, donde hay 47 mil personas privadas de libertad. “Hay una sobrepoblación importante”, resumió.

Hay dos cárceles en diseño, en Calama y Copiapó, que serían de alta y máxima seguridad. A ellas se suman una en Concepción y otra en Talca. La urgencia responde a la crisis de seguridad que se vive en el país. Y en ese debate entró también Leonardo Daneris, presidente de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública (Copsa), la mañana de este lunes en ADN Hoy.

“Como este es un problema importante y construir una cárcel no es fácil, porque por razones bastante obvias, nadie quiere tener una cárcel cerca de su casa. Por lo tanto, encontrar un terreno para cárceles, conseguir las aprobaciones ambientales y sociales, no es fácil”, comenzó explicando el líder gremial. Luego agregó:

“Si se habla de una urgente necesidad de tener más cárceles, evidentemente hay que pensar en alternativas diferentes, porque en caso contrario, construir una cárcel desde cero puede tomar hasta 10 años, desde que se toma la idea, tranquilamente, dada la institucionalidad que tenemos”.

Así las cosas, la alternativa que proponen es “ampliar los recintos existentes que tengan capacidad de ampliación. En este minuto, hay alrededor de 50 mil internos en las cárceles chilenas; entre ellos, hay 17 mil en las cárceles concesionadas, que son nueve. Algunas de ellas tienen posibilidad de expansión. Nosotros salimos a decir que, si hay alguna urgencia, quizás lo más rápido sea ampliar algunos de estos. Estimamos que se pueden incrementar hasta cinco mil nuevos internos en un plazo de tres años en recintos que ya tienen terrenos”.

Aparece, entonces, una paradoja: todas las personas quieren una mejor infraestructura, pero no todas la quieren tener cerca de la casa. En el caso de las cárceles, explicó Daneris, primero se hace una consulta a la comunidad; luego, los estudios de impacto ambiental (“que son larguísimos”), y después, si aparecen hallazgos arqueológicos, se transforma en “desastre en cuanto a la construcción de obras públicas”.

Sobre esto último, en Chile hay 16 hospitales en construcción, “muchos parados por hallazgos arqueológicos. Ahí se da la paradoja, en que hay obras de construcción en las que tenemos más arqueólogos que ingenieros”.

“Construir obras de magnitud importante en nuestro país no es fácil. De eso hay que tener consciencia cuando se habla de que hay una urgencia”, acotó.

Hacia el final de la entrevista, explicó: “Los lugares más apropiados, dada la urgencia, son los que ya existen y hacer una ampliación, sea concesionado u obra pública corriente. Todas las cárceles son operadas por el Estado, pero hay algunas que fueron construidas y mantenidas por el sistema de concesiones, y otras por el ministerio de Justicia”.

Para construir una cárcel, el Estado propone el diseño y lo hae en función del operador, que es Gendarmería y el ministerio de Justicia. “Este tipo de proyectos, como concesiones de cárceles, que son a 20 años, se financian a través de bono que son justamente el instrumento de inversión que buscan, por ejemplo, las AFP, que son las que buscan para hacer calzar el pago de jubilaciones, o con las compañías de seguro de vida. Se hace en el país con una expertise en el país como internacional”, cerró.