Más de 170 querellas por delitos de violencia rural en La Araucanía, ha presentado el Gobierno desde que asumió en marzo del año pasado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, resaltó las condenas asociadas a estas acciones judiciales, previo a la promulgación de la nueva Ley de Crimen Organizado.
En su fugaz paso por La Araucanía, la autoridad de Gobierno hizo un balance de la estrategia judicial que ha tomado el Gobierno para perseguir a los autores de los hechos de violencia rural.
En ese sentido, y sin entregar mayor detalle, Monsalve confirmó que desde que asumieron en La Moneda han presentado más de 170 querellas por delitos de violencia rural, con 220 personas condenadas.
Respecto al debate que generó la decisión judicial de entregar la identidad de testigos protegidos a la defensa del líder de la CAM, Héctor Llaitul, el Subsecretario también abordó la polémica.
Aseguró que la Ley de Crimen Organizado, próxima a ser promulgada, garantiza normas de protección para víctimas y testigos, que permitirá incluso el cambio de identidad, como ocurre en otros países.
El diputado de Amarillos y ex Intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, emplazó al Gobierno a elaborar un plan de seguridad serio que permita capturar a los autores de los hechos de violencia.
A juicio del parlamentario, la solución no pasa por blindar todos los vehículos que se desplazan por el territorio, calificando de insuficiente la reciente entrega de camionetas con esas características a Carabineros.
Dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno para La Araucanía en materia de seguridad, está el aumento de dotación logística para las policías y la instalación de una base militar en Curacautín.