El exfrentista condenado por un asalto bancario que el Presidente aseguró que era inocente; el condenado con un largo prontuario previo al 18-O que se declaró insurgente; el autor del ataque a la catedral de Puerto Montt y 2 integrantes de la primera línea de Tarapacá, están entre los casos que revisará el TC, tras una presentación de senadores de Chile Vamos y Demócratas. La decisión del tribunal afecta a una materia altamente sensible para La Moneda. El TC dio la posibilidad al Presidente de entregar antecedentes, antes de empezar los alegatos de fondo, en un plazo de 10 días.

Qué observar. El Presidente Gabriel Boric tendrá 10 días para decidir si envía una respuesta al Tribunal Constitucional (TC) sobre una decisión tomada este jueves por el organismo, la que apunta a la mayor crisis que ha enfrentado La Moneda desde el 11 de marzo de 2022, junto con la derrota del “apruebo” en el plebiscito constitucional.

• El TC declaró admisibles los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y el movimiento Demócratas que piden declarar inconstitucionales 7 de los 13 indultos concedidos a fin de año por el mandatario al exfrentista Jorge Mateluna y a 12 presos del 18-O.
• El tribunal presidido por la ministra Nancy Yáñez —que el martes acogió a tramitación el escrito— resolvió declararlo admisible sin escuchar alegatos. Sólo el ministro Nelson Pozo estuvo por hacer lo anterior, consignó el TC en una declaración.

• El organismo comunicó que dio al Presidente y a Contraloría 10 días para que “si lo estiman pertinente, se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del tribunal”.
• Tras esto se verá el fondo de la petición, instancia en que las partes podrán alegar en audiencias públicas.
• El Presidente se ha alineado con lo planteado por el ministro de Justicia Luis Cordero, quien se ha referido al debate de fondo. Por esto es incierto si el mandatario tomará el ofrecimiento del TC.

Por qué importa. La decisión del TC de ver el fondo de la presentación parlamentaria abre la posibilidad de que el tribunal falle en favor de la petición y declare inconstitucional la decisión del mandatario de perdonar las penas a los condenados.

• Esa decisión golpearía por sí misma la autoridad del mandatario en una atribución presidencial y abriría, a su vez, la pregunta de si los indultados podrían volver a la cárcel, materia que genera debate entre juristas.
• La decisión reabriría un flanco que el oficialismo buscó cerrar con el rechazo de la acusación constitucional de Chile Vamos a la exministra Marcela Ríos, quien dejó el cargo tras la crisis. Por esta salió también el jefe del gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.
• Los indultos particulares otorgados por Boric ocurrieron luego de que La Moneda fracasara en su promesa de campaña de sacar adelante el proyecto de ley de indulto a los presos del 18-O.

Los argumentos para impugnar el indulto a Mateluna. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) autónomo Jorge Mateluna fue condenado a 16 años de cárcel por el asalto a una sucursal bancaria en Pudahuel, en 2013. El Presidente Ricardo Lagos ya le había otorgado un indulto especial generado para delitos perpetrados tras el retorno a la democracia, por un robo a un supermercado en Conchalí en que murió baleado un guardia.

• Tras indultarlo, Boric dijo en Brasil que “tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. El pleno de la Corte Suprema respondió que se estaba inmiscuyendo en decisiones del Poder Judicial.

• La presentación parlamentaria por el caso acusó que “el Presidente se ha servido de su facultad de dictar decretos supremos de indulto particular, con la finalidad real de ejercer jurisdicción, revisar sentencias firmes y ejecutoriadas, reviviendo procesos penales fenecidos, y todo con el objetivo inconstitucionalmente ilegítimo de declarar inocente al condenado Mateluna”.
• “Esta figura no corresponde a la del otorgamiento del indulto particular, sino que más bien se asocia con la institución de la amnistía justicia. Lo anterior, vulnera el artículo 6º y 7º de la Constitución”.

Los argumentos para impugnar los indultos a los presos del 18-O. El 30 de diciembre de 2022, horas después de haber concedido los indultos, el Presidente dijo que “estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía”.

• Los escritos respecto de los 6 indultados del 18-O plantean que “el propio Presidente de la República ha manifestado públicamente su intención real, su motivación interna y subjetiva respecto del decreto impugnado, cual es declarar inocente a un condenado por la justicia señalando que las 13 personas recientemente indultadas (…) “no son delincuentes”. Con ello, no busca solo conmutar su pena, sino que inconstitucionalmente, revisar sentencias judiciales firmes”.
• También se cuestionó la, según el escrito, falta de fundamentación del decreto que exige la Constitución para estos casos.

La defensa del ministro Cordero. “Quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el Presidente indultó a personas equivocadas, esta idea de que se habrían emitido decretos de indulto por error”, dijo en una entrevista publicada el domingo 15 en El Mercurio.

• El lunes 16 volvió sobre el tema en T13 radio. “El expediente se revisó, yo he revisado los expedientes y no hay ningún antecedente que dé cuenta de que el Presidente tomó una decisión para haber indultado a personas equivocadas”, dijo. “Están las solicitudes, están los requerimientos de informes y está la decisión adoptada (…). Es decir, el Presidente ejerció legítimamente su potestad de indulto”.

• Los dichos de Cordero se produjeron luego de que el Presidente Boric admitiera “desprolijidades” en el proceso y la vocera Camila Vallejo dijera el lunes 9 que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

Quiénes son los 6 indultados del 18-O. Encabeza la lista Luis Castillo Opazo, condenado a 4 años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad. En 2007, 12 años antes del 18-O, fue condenado por 2 robos con violencia. También registra sentencias por un hurto, lesiones y un lanzazo. Al dejar la cárcel dijo en un video —donde se presentó como “rodriguista”— que “los insurrectos no nos calmamos”.

• Bastián Campos Gaete, estudiante, fue condenado a 3 años y 61 días de cárcel por portar un elemento incendiario y por robo frustrado en Antofagasta. En su mochila tenía una bomba molotov, 3 botellas de pisco y una cerveza corona, arrojó la investigación.
• Jordano Santander Riquelme fue condenado a 7 años de cárcel y 3 penas remitidas tras atacar en marzo de 2020 un cuartel de la PDI en San Antonio, región de Valparaíso. Fue declarado culpable por el homicidio frustrado de un policía al que intentó atropellar cuando el funcionario trató de detenerlo.

• Felipe Santana Torres, ayudante de mueblista, fue condenado a 5 años de cárcel por incendio de inmueble habitado, 540 días por hurto simple y 300 días por daños a bienes de uso público.
• De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2019 trepó a un semáforo de calle Urmeneta en Puerto Montt. Lo enlazó con una cuerda y luego, con ayuda, lo botó. Ese mismo día rompió con un martillo las baldosas de la calzada, para usarlas como proyectiles. La tarde siguiente trepó la protección de madera de las columnas de la catedral y le hizo un forado. Luego, con ayuda, forzó la entrada del templo y sacó objetos religiosos, con los que hizo una fogata. La tarde del 18 de noviembre volvió a romper baldosas de Urmeneta con San Martín. Más tarde prendió fuego a las puertas de la catedral. Al día siguiente volvió a romper baldosas del centro. El 22 de noviembre encendió una barricada con neumáticos junto a una turba, en el centro de la ciudad.
• Claudio Romero Domínguez fue condenado a 5 años de cárcel por porte y lanzamiento de bombas molotov y 61 días de presidio por asociación ilícita. Brandon Rojas Cornejo fue condenado a 5 años de cárcel por lanzamiento de bombas molotov.

• La investigación de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá estableció que ambos se contactaban por WhatsApp y reunían en la llamada “zona cero” de Iquique, tras el 18-O. La presunta pandilla que integraban fue bautizada “K-Pop Primera Línea Tarapacá”.
• De acuerdo con la investigación, entre el 27 de diciembre de 2019 y el 18 de octubre de 2020, arrojaron más de una docena de artefactos incendiarios contra Carabineros. Tras su aprehensión, el PC regional dijo en un comunicado que todo se trataba de un montaje.