Desde el gobierno hicieron un llamado a tener el proceso zanjado ojalá antes de septiembre del próximo año, lo que también ha generado consenso en sectores de oposición. No obstante aquello, hay factores técnicos que podrían dificultar alcanzar esa meta.

«Yo esperaría que cuando se conmemoren los 50 años del golpe de Estado tengamos ya acordada una nueva Constitución, creo que sería para Chile lo más sano».

Con estas palabras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los plazos de cara al nuevo proceso constituyente que se inició esta semana en el Congreso Nacional.

Sus dichos -y el nuevo proceso- se producen luego del holgado triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, por lo que se rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

A pesar del resultado, actores políticos de todos los sectores han hecho un llamado a impulsar una nueva Carta Fundamental. No obstante aquello, hay diferencias en cuanto a la forma.

En este sentido, se han planteado una serie de mecanismos distintos para abordar esta nueva etapa. Por ejemplo, la realización de una nueva Convención Constitucional, que sea electa con algunas diferencias en relación a la anterior.

Al respecto -entre quienes impulsan una nueva convención- hay un respaldo transversal a que sea un organismo que mantenga criterios de igualdad de género y de representación de pueblos originarios, pero que al mismo tiempo tenga menos integrantes.

¿Seis meses de trabajo?

Otro aspecto que genera consenso es el relativo a la duración de la instancia. Esto, porque a diferencia del año de plazo que tuvo la Convención Constitucional, distintos sectores del oficialismo y de oposición han planteado que dicho tiempo debería ser más acotado en esta ocasión.

Sobre este punto, se ha planteado que una nueva convención funcione durante seis meses. Bajo este escenario, para que se pueda cumplir el plazo indicado por Tohá de tener una nueva Constitución para el 11 de septiembre del próximo año, los tiempos de operatividad deberían ser muy acotados.

Esto, debido a que, en el anterior proceso constitucional, el plebiscito de salida se realizó dos meses luego del término del funcionamiento del órgano constitucional, el 4 de julio pasado, por lo que el proceso de la convención y del plebiscito de salida, podría producirse en un total de ocho meses.

Por lo tanto, para que el nuevo plebiscito de salida ocurra antes del 11 de septiembre del próximo año, la Convención debería comenzar sus funciones en enero de 2023.

Plazos del Servel y del Congreso

No obstante lo anterior, dicho plazo es complejo y no solamente por motivos políticos, sino que también por motivos técnicos. Esto, porque este viernes el Servicio Electoral se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la posibilidad de futuros procesos eleccionarios.

En este contexto, tras la reunión, el integrante del Consejo Directivo del Servel, Alfredo Joignant, sostuvo que “recomendamos a las consejeras y consejeros no realizar algún evento eleccionario en el transcurso de lo que queda de este año”.

“Técnica y reglamentariamente es muy difícil que este año pueda tener lugar algún tipo de evento eleccionario, cualquiera sea ese evento”, recalcó el representante del servicio.

¿Qué hay del factor político? La senadora Ximena Rincón (DC) también abordó los plazos mencionados por Tohá y afirmó que «tenemos que trabajar para eso, y espero que todos lo hagamos. Pero, insisto, aquí hay que caminar y mascar chicle. Hay temas que son urgentes y no podemos estar seis meses más en el tema constitucional sin avanzar en los temas de la ciudadanía».

En los días previos, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán fue un poco más lejos y realizó una predicción sobre el proceso constituyente: «Durante el primer semestre del próximo año, vamos a tener una buena y nueva Constitución».