Adexus S.A. es el nombre de la empresa computacional e informática que el Servicio Electoral (Servel) contrató para proveer el “desarrollo de software y datacenter para centro de cómputos” para el plebiscito de salida del proceso constitucional a celebrarse el 4 de septiembre.

Hasta abril de este año, Adexus fue subsidiaria de la firma peruana Aenza, antes llamada Graña y Montero y que estuvo involucrada en el caso Odebrecht. Los directores de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, fueron arrestados en 2017 por pagar millonarias coimas junto a la transnacional Odebrecht.

En abril de 2022 comenzó el traspaso de acciones desde Graña y Montero hacia el hoy controlador de Adexus, HPIC DOS S.A. 

Según los datos disponibles en Mercado Público, la licitación para desarrollar el software y datacenter de cómputo, fue adjudicada el 17 de marzo de 2022, semanas antes de que la firma peruana dejara su propiedad.

Sin competidores

El Servel le envió en junio a Adexus la orden de compra para el servicio de software y datacenter, pero el acta de evaluación que da cuenta del proceso de revisión de antecedentes y que propuso adjudicar el contrato a Adexus es de febrero de este año, cuando la empresa peruana aún no traspasaba todas sus acciones a la firma chilena.

Adjudicar el contrato no fue una decisión compleja para Servel: Adexus fue la única empresa que participó en la licitación, por lo que no tuvo competidores. Así, en mayo de este año firmó el contrato por más de $1.199 millones, que incluye una cláusula de confidencialidad y no divulgación.

Piden que Contraloría revise la legalidad del contrato

Los datos de Mercado Público muestran que desde 2013 Adexus ha prestado el servicio de cómputos para Servel, de hecho ese año ganó la licitación frente a Entel y Telefónica Empresas Chile S.A. 

Aunque su historia como proveedor del Servel es larga, este martes se presentó ante Contraloría una solicitud para que se pronuncie sobre la legalidad del nuevo contrato y sobre si se cumplió con “los resguardos de seguridad y transparencia”. 

Además, se solicita evaluar si el precio ofertado está de acuerdo al mercado y si el contrato “vulnera alguna norma de seguridad nacional, ante una posible fuga de información”.

La filial de empresa peruana proveedora del Estado chileno

En junio de 2015, la empresa peruana Graña y Montero compró el 44% de la chilena Adexus. Nueve meses después, la compañía se adjudicó la licitación del Servel para proveer el servicio de datacenter para el centro de cómputos de las elecciones de 2018. 

En enero de 2016, la empresa se adjudicó nuevos contratos de centro de cómputos para el conteo de las elecciones de ese año y el siguiente a través de un convenio marco. En esa oportunidad hubo decenas de competidores y la subsidiaria de la empresa peruana, cuyos dueños serían apresados meses después, no ofreció el precio más barato, sino el mismo que otras empresas. 

Aún así, el Servel concluyó que Adexus cumplía con “los requerimientos administrativos, técnicos y económicos exigidos, siendo su oferta conveniente a los intereses institucionales”, seleccionándola por sobre el resto. En noviembre de ese año, Graña y Montero aumentó sus acciones en Adexus al 91%. 

Al revisar las órdenes de compra del proveedor Adexus que le ha adjudicado el Estado, solo en 2022 se registran transacciones con diversos compradores públicos. Entre estos se encuentran la Dirección General del Crédito Prendario, el Senado, el Registro Civil, la Conaf, la Universidad de Chile y el Servicio de Impuestos Internos.