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Municipios rurales de Ñuble acusan retenes con turnos de dos efectivos

La comuna de Coihueco tiene un territorio de 1.776,6 kilómetros cuadrados. Si tan sólo hubiese un camino que la atravesara de poniente a oriente, con pavimento en buen estado, “un vehículo podría completar ese tramo en cerca de una hora y veinte minutos, aproximadamente”, estima el encargado de la Oficina Municipal de Seguridad de Coihueco, y otrora funcionario de Carabineros, Alexis Cofré.

“Pero acá actualmente hay sólo un vehículo para patrullar de noche, entonces si Carabineros está en un punto extremo tomando un procedimiento, y hay una concurrencia en el otro extremo, ya los tiempos de respuestas serían tan largos, que no podrían servir más que para tomar una denuncia, pero sin posibilidad de llegar en flagrancia”, relata.

La realidad es similar al resto de las comunas rurales -e incluso capitales provinciales- de Ñuble, que como Yungay (823 kilómetros cuadrados), San Fabián (1.568), El Carmen (664), Quirihue (589) o Cobquecura (570,3) cuentan con una extensión surcada por caminos de ripio, tierra o cuesta arriba, lo que hace casi imposible para Carabineros poder generar un patrullaje que suponga una cobertura preventiva mínima.

A lo anterior, se suman otros dos factores que le juegan en contra a los funcionarios policiales (y por lo tanto a la comunidad) como una insuficiente logística automotriz y una cantidad de funcionarios activos por cada turno que dista demasiado del estándar sugerido por la institución, que de acuerdo a lo establecido por el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, en mayo de 2022, era de 2,5 efectivos por cada mil habitantes, es decir, 440 carabineros por cada vecino.

Aunque la tasa no se cumple en la capital regional de Ñuble (un carabinero por cada 720 habitantes), conforme a las cifras entregadas a LA DISCUSIÓN por diversos alcaldes de la región, en los sectores rurales la proporción sí se aproxima al estándar nacional.

“Pero esa es una estadística engañosa, porque considera la dotación nominal, no la efectiva”, advierte el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, quien explica sus dichos fundamentando que “nosotros contamos con 56 funcionarios para una población que ya bordea las 40 mil personas (uno por cada 714), sin embargo, es necesario ser transparentes de una vez por todas y decir que muchos de ellos están con licencias médicas -la mayoría por problemas de salud mental- y si a eso le restan los que ya salieron de sus turnos, nos quedamos con menos de la mitad, y así a pesar del enorme esfuerzo que realizan, es poco lo que se puede hacer en contra de la delincuencia”.

Del Pozo, junto con la encargada de Seguridad Municipal de Chillán (Alejandra Martínez) y los alcaldes de Yungay (Rafael Cifuentes) y de Cobquecura (Julio Fuentes) se reunieron con el alto mando policial para solicitarles no sólo más dotación sino que un helicóptero (“somos la única región que no tiene”, advierte), una Sevb y un Labocar.

Pero antes de hacerse esperanzas de que eso ocurra, el alcalde de Pinto, Manuel Guzmán, admite que “si antes había algo de optimismo, después de ver en las noticias, esta semana, que el Ministerio del Interior le negó recursos para seguridad a un provincia tan aproblemada como la de Arauco, no veo qué queda para comunas como la nuestra”.

Pinto, que tiene una población estimada en cerca de 15 mil habitantes tiene una dotación policial de 15 funcionarios para la Tenencia de Pinto y otros 15 para la Tenencia Las Trancas (un funcionario para cada 500 habitantes).

“El problema es que con esto de los turnos, en el retén de Recinto, nos pasa que está el carabinero de guardia más otro que anda en la patrulla y no hay más. Eso sin contar que en la comuna tenemos una población flotante que hace la cantidad de habitantes reales sea muchísimo más elevada, lo que le hemos planteado reiteradamente a las autoridades y lo único que hemos conseguido es que en las temporadas altas de turistas nos asignen de dos a cuatro carabineros más para la Tenencia Las Trancas, lo que claramente no es suficiente”, zanjó Guzmán.

Pero lo “nominal” no es sólo una fuente de problemas para las dotaciones, sino incluso para el funcionamiento de los destacamentos en relación a su comuna.

Ejemplo de esto es lo que se observa en la comuna de San Nicolás.

Con cerca de 16 mil habitantes estimados por el municipio para este 2022 y una dotación de 14 funcionarios -incluyendo al jefe de retén- el alcalde, Víctor Hugo Rice explicó a nuestro medio que en innumerables ocasiones han solicitado que la unidad policial pase de retén a tenencia para así optar a mayor dotación.

Sin embargo, al tener a la Tenencia Carreteras (SIAT) dentro de su comuna, tal petición se ha visto frustrada constantemente. Además, “cuando hay algún procedimiento que no tenga que ver con accidentes de tránsito, ellos (la Tenencia Carreteras) no acuden al lugar. Pero si hay un delito en el Puente Ñuble, que está al lado de ellos, es el personal del retén nuestro el que tiene que acudir”, advirtieron en la municipalidad.

En concreto “nuestros turnos constan de dos efectivos haciendo patrullaje preventivo, más un funcionario de guardia y el jefe de unidad. Eso sin contar los que están con licencia, de vacaciones o los que son llamados a fortalecer otras comunas cuando hay eventos especiales”, dijo el alcalde Rice.

Conforme a cifras municipales, San Nicolás cuenta nominalmente con un carabinero por cada 1.230 habitantes.

Cuarteles sin dotación completa

En marzo pasado, y con ceremonia de por medio, se realizó la recepción de obras del nuevo cuartel de la Quinta Comisaría de Quirihue, en la capital de la provincia de Itata.

Cuenta con mil 700 metros cuadrados construidos y con un inédito punto de carga de electromovilidad.

Sin embargo, hasta la fecha permanece desocupado.

“Hay una licitación en curso para poder dotarlo de equipamiento”, aclara el alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, quien además detalló que para su extensa comuna cuentan con una nómina de 32 funcionarios (uno por cada 468 habitantes). “Y ese edificio está diseñado para 50 efectivos”, añade.

La situación se repite en otras comunas como El Carmen, que recién hace cuatro años, y tras otros ocho de espera, pudieron lograr pasar de retén a tenencia.

“Y eso al menos nos dejaba la unidad a cargo de un oficial. Pero lo que más ha costado es que esto llegara acompañado de la dotación necesaria, porque de las 16 plazas que se supone que completan una tenencia como mínimo, la nuestra no pasa de 11 ó 12 y no hemos tenido respuesta de las autoridades para saber cuando se completaría el destacamento”, argumentó el alcalde de esa comuna, José San Martín.

Lo mismo en Bulnes. Con cerca de 30 funcionarios nominales para la comuna, más otros 15 distribuidos en retenes rurales como Santa Clara o San Ignacio, están lejos de contar con el personal que podría albergar el edificio de la Tercera Comisaría de Bulnes.

“Ése es un edificio para cerca de 60 funcionarios. Además, en otros retenes de la comuna tienen autos en pana y por lo lento de los protocolos, no los han podido reparar”, detalla el alcalde, Guillermo Yeber.

“Me pidieron que les comprara un par de bicicletas para mejorar la frecuencia de los patrullajes”, reveló.

“Podrían ser cada vez menos”

El exprefecto de Carabineros Ñuble, coronel (r), Ricardo Asfura es tajante. “Con dos o tres carabineros para toda una comuna no se puede hacer casi nada, es casi que decorativo”.

Para el exuniformado, la negativa a potenciar Arauco “es un síntoma de que la pista para Carabineros se viene cuesta arriba, cada vez son menos, con menos recursos y ahora, menos apoyo del Gobierno y menos facultades”.

Sin embargo, estima que “acá el problema ni siquiera es la falta de Carabineros, porque ellos siendo pocos, pueden hacer mucho. Pero si toman 120 detenidos y al otro día están todos sueltos, entonces la responsabilidad hay que buscarla en las leyes, en los tribunales y en la Fiscalía, no en las policías”.

El estallido social dejó también su huella. “Después del estallido el interés por los jóvenes de la región por ingresar a la Escuela de Suboficiales, bajó. Ahora muchos piensan en las Fuerzas Armadas y, en especial las niñas, en la PDI”, explica Fernando Moya, suboficial (r) del Ejército quien está a cargo del curso de formación para Fuerzas de Orden y Seguridad que ofrece el Liceo de San Nicolás.

El establecimiento fue el primero en Chile en ofrecer este curso dentro de su maya Científico Humanista, transformándose en un modelo a seguir para muchos otros liceos del país.

“Ñuble siempre ha entregado un número importante de alumnos a las escuelas de formación, y de cada 45 estudiantes que entraban al curso, unos 30 llegaban a esas instancias, principalmente a Carabineros, hoy ese número no ha bajado, pero el interés por ir ser carabineros bajó, no sólo por lo del estallido, sino porque ahora para entrar piden 19 años cumplidos y muchos de ellos salen de Cuarto Medio a los 18”, añadió.

El liceo de Coelemu es el segundo establecimiento que imparte este tipo de cursos. “Acá, yo diría que todos llegan, al menos, a las escuelas de formación que es nuestra meta. Todavía hay mucho interés en los sectores rurales por ingresar a las Fuerzas Armadas y de Orden, pero en efecto, con todos los últimos problemas que hemos visto en el último año, el interés bajó”, explicó el suboficial (r) del Ejército, Juan Narvaes.

Con todo lo anterior, para el jefe de seguridad municipal de Coihueco, el colorario es complejo. “Tendría que haber cambios significativos para que esta situación mejore, de lo contrario, no sería raro que cada vez haya menos dotación de carabineros en el país”.